La Aduana Nacional (AN), no sin orgullo, ha mostrado los resultados de su trabajo de interdicción al contrabando durante 2021 revelando que el valor de la mercadería decomisada en esta gestión prácticamente duplica los resultados de 2020. Sin embargo, apenas si se equipara a los resultados de 2019, cuando a fin de año comenzó un hiato en la institucionalidad democrática.
Según la información provista por la AN a este diario, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año, se incautó mercadería de contrabando por valor de Bs 604,9 millones, cuando en 2020 el resultado final de los esfuerzos fue de Bs 383,4 millones. Sin embargo, el Gerente General de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), institución que agremia a gran parte de los afectados por el contrabando, considera que “las tareas de interdicción no han sido suficientes en lo preventivo”; y afirma que este año se realizaron 20% menos operativos que en 2019.
Agrega el ejecutivo de los empresarios del comercio que, en rigor, la AN no debería enorgullecerse de sus resultados considerando que el año pasado fue “anormal y atípico”, seguramente refiriéndose al hecho de que el inicio de la pandemia por COVID- 19 y el posterior periodo de cuarentena representaron un freno inimaginable al comercio global, pero también, seguramente, al hecho de que el gobierno transitorio tuvo algunas prioridades muy lejanas de la institucionalidad estatal, incluyendo las acciones de lucha efectiva contra delitos como el que se comenta aquí.
Por su parte, el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando agrega a las razones por las que la AN puede sentirse razonablemente orgullosa de sus resultados el hecho de que los contrabandistas son cada vez más sofisticados y temerarios, afirmando que se trata de una “organización criminal de personas comprometidas con redes delincuenciales y al crimen organizado”; prueba de lo señalado son las acciones de ataque y quema de instalaciones militares en la frontera y hasta el asesinato de agentes de lucha anticontrabando.
Por su parte, los comerciantes de la Huyustus, uno de los más importantes mercados informales de La Paz, y habitualmente centro de distribución de productos importados ilegalmente, afirman que este año se ha sentido el control en las fronteras; es difícil, sin embargo, distinguir mercadería legalmente importada de aquella que ingresa por vías alternas en los pasos fronterizos de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Santa Cruz.
Es deseable que los resultados de este año sean solo el impulso necesario para fortalecer y mejorar aún más la eficacia de la AN, considerando que la economía de los países vecinos hace de la importación de bienes al país una fuente de ganancia deseable, cuanto más si se evitan las tasas e impuestos legales. Es mucho lo que falta en materia de interdicción, pero, es cierto, también de prevención, tarea en la que bien haría la Aduana en sumar a otras instituciones, tanto públicas como privadas.
