En los últimos años, se ha evidenciado que uno de los sectores productivos con mayor potencial exportador es el de la ganadería. La creciente demanda de China por alimentos producidos en todo el mundo ha significado para el sector una oportunidad que ha sido aprovechada y que ahora es parte del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). Pero viene con un costo grande.
Según se evidencia en el PDES 2021-2025, la expectativa del Gobierno es tan grande como la de los ganaderos. En el eje 3 del plan, “Seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones y desarrollo turístico”, se propone como una de las metas “diversificar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno y la industrialización con sustitución de importaciones, con miras a la exportación con valor agregado”.
Lograr este último propósito en el sector ganadero implicará incrementar de 10,1 millones de cabezas de ganado contabilizadas en 2020 a 18,3 millones en 2025, un incremento de 81%; incrementar la producción de carne bovina, de 276,4 millones de toneladas (t) a 338,4 millones de t; implementar una industria procesadora de carne; y pasar de las 14.000 t de carne procesada a 30.000 t, un incremento de 114%.
Sin embargo, el éxito de esta proyección implicará, al margen de las utilidades económicas para el Estado y los ganaderos capaces de responder a la demanda, un enorme costo ambiental, pues habrá que habilitar nuevas tierras para los nuevos hatos de ganado, lo cual probablemente exigirá cambio de uso de suelos y los consiguientes desmontes con quemas que muy a menudo se convierten en incendios descontrolados.
Así lo ha advertido la Fundación Solón, cuyo director, exdiplomático boliviano y actor de peso en las consultas que condujeron a incorporar en la Declaración de Río+20 la noción de “armonía con la naturaleza” que Bolivia enarbola en la ONU, teme que la presión sobre la tierra sea incontrolable y que “estaremos en niveles de incendios muy grandes y de deforestación muy grandes”.
El temor del especialista es justificado considerando lo sucedido en 2019, cuando se autorizó la habilitación de nuevas tierras para la industria agropecuaria en el oriente del país. Señala también que más del 80% de los incendios registrados en los últimos años se han producido en tierras tituladas que pertenecen a la agroindustria, “lo que está mostrando que las quemas están más asociadas a grandes propiedades ganaderas”.
Así, además de los previsibles impactos ambientales tanto en el hábitat de grupos humanos y de animales como en la calidad del aire en todo el país, cabe la posibilidad de que se produzca crítica social y protestas, muy a menudo patrocinadas por los mismos beneficiarios de las quemas, como ya ha sucedido. Necesitará el Gobierno mucha claridad a la hora de crear las condiciones para el desarrollo ganadero a fin de evitar los costos ambientales y políticos que podrían producirse.
