Luego de al menos dos jornadas en las que grupos de bloqueadores antivacuna desplegaron violencia en Cochabamba y El Alto, el Gobierno decidió suspender la obligatoriedad de portar carnet de vacunación a partir de la próxima semana. Previsiblemente, la medida no causó euforia entre los movilizados, pero sí desató una ola de críticas desde diferentes sectores opositores.
Cuando en diciembre último el Gobierno nacional determinó, en acuerdo con los gobiernos subnacionales, imponer mediante decreto supremo la obligación de presentar carnet de vacunación para acceder a oficinas públicas y realizar toda clase de trámites públicos y privados, algunos grupos cuya representatividad es imposible de determinar se lanzaron a la protesta y anunciaron que resistirían la norma.
Paralelamente, el verdadero efecto del solo anuncio de la medida fue un incremento notable en el número de personas vacunadas en todo el país. En ese momento importó menos el temor de algunas personas a la vacuna y sus efectos, y más la posibilidad de verse impedidas de realizar sus actividades cotidianas con normalidad.
Sin embargo, de manera difícil de comprender, la presión de los sectores antivacunas logró hacer mella en la voluntad del Gobierno, que finalmente decidió dar un paso atrás satisfaciendo los intereses de grupos minoritarios (pero violentos, como le consta a algunos periodistas víctimas de ataques cuando hacían su cobertura), como ya sucedió meses atrás con la intención de investigar fortunas ilícitas.
Desde el oficialismo se hizo algunos tibios esfuerzos por justificar el paso atrás, entre ellos el del presidente de la Cámara de Diputados, quien opinó que el pueblo ha tomado conciencia de la importancia de vacunarse y por tanto “no hay mayor necesidad de la exigencia del carnet de vacunación”. Las reacciones opositoras fueron muchas más, y prácticamente todas coincidieron en señalar debilidad de parte de las autoridades y hasta se sugirió que se trata de puro cálculo para evitar costos políticos. Los operadores mediáticos de la oposición no ahorraron adjetivos.
Por su parte, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) publicó un comunicado donde recuerda que en el marco de sus competencias autonómicas los gobiernos subnacionales pueden adoptar las medidas y acciones necesarias para contener la propagación del virus. Los gobiernos departamentales de La Paz y Chuquisaca, y varios gobiernos municipales anunciaron que sí exigirán el carnet.
En momentos cuando los nuevos casos diarios suman casi 11.000, y oficinas e industrias públicas y privadas ven su productividad mermada a causa del alto número de contagios, la decisión de suspender la obligatoriedad de estar vacunado se percibe como un contrasentido y una concesión no solo injusta sino sobre todo peligrosa para la salud pública, además de afectar la imagen de autoridad del Gobierno.
