Estamos a menos de dos meses de la cumbre por la justicia anunciada por el Gobierno para el mes de marzo, y todavía no se conocen decisiones formales sobre la convocatoria, la agenda temática, los participantes. Dadas las expectativas puestas en este encuentro, en un contexto de acentuada crisis judicial, es necesario garantizar la participación lo más amplia y plural posible.
Ya es un lugar común sostener la necesidad impostergable de una reforma profunda en el sistema de administración de justicia del país. Es una prioridad estatal y está entre las preocupaciones ciudadanas. El desafío es amplio. Se trata de impulsar transformaciones integrales a fin de lograr una justicia justa, accesible e independiente. Hasta ahora los anuncios de reforma, en algunos casos seguidos de alguna iniciativa normativa o administrativa, han sido solo eso: anuncios parciales que nada cambian.
La Cumbre Nacional de Justicia, anunciada por el presidente Arce en noviembre pasado en ocasión de su informe de gestión, fue concebida en principio como un punto de llegada. En el evento se presentarían y discutirían (o avalarían) avances en los seis ejes de reforma planteados por el ministerio del área. Estos ejes ya habrían sido socializados en diferentes ciudades del país con actores diversos. No se conoce, en todo caso, un acercamiento con la oposición, que ha manifestado escepticismo sobre la iniciativa.
Si bien la citada cumbre busca impulsar una reforma “de abajo hacia arriba con la participación del pueblo”, es evidente que la transformación del sistema de administración de justicia, para ser sustantiva y viable, debe ser resultado de un amplio proceso deliberativo y de un acuerdo nacional que le otorgue no solo legitimidad, sino en especial condiciones para su implementación. Para ello es indispensable alentar y tomar en cuenta, sin prejuicios ni exclusiones, diferentes propuestas de reforma.
De las varias cuestiones que deben ser abordadas y que configuran la actual crisis terminal del sistema judicial en el país, sin duda una de las más relevantes y complejas es la forma de elección o designación de las altas autoridades judiciales. Si bien hay cuestionamientos a la elección mediante sufragio establecida en la Constitución, que tuvo dos experiencias polémicas en 2011 y 2017, diferentes estudios de opinión pública muestran que mayoritariamente la gente no quiere renunciar a este derecho.
La reforma integral de la justicia es demasiado importante como para dejarla librada a la improvisación, la polarización política y el azar. Si se busca que la Cumbre Nacional de Justicia sea un hito en este camino, urge dar certidumbre al país sobre su naturaleza y alcance. Es evidente que el recorrido será prolongado y difícil, pero debe hacerse sobre cimientos sólidos y con la más amplia convicción y compromiso de todos los actores relevantes. De lo contrario, en marzo nos espera un nuevo desencuentro.
