El escándalo desatado días atrás por la detención del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, acusado por legitimación de ganacias ilícitas, ha servido no solo para alimentar las críticas de la oposición a una supuesta penetración del narcotráfico en el Estado, sino sobre todo para confirmar que hay uniformados que ceden a la tentación.
Es por eso que ayer, en un acto de graduación en la Academia Nacional de Policías (Anapol), el Presidente del Estado instó a los nuevos oficiales a poner en evidencia y denunciar a los “malos elementos” que comprometen la imagen de la institución del orden; señaló el mandatario que honrar el uniforme policial significa enfrentar cotidianamente “diversas lacras y tentaciones de corrupción”, agregando que el compromiso de los policías es con la democracia y con su institución, “que se guarda bajo los pilares de la no deliberación política, de la disciplina y del respeto a la doctrina policial”.
El de Dávila es, sin duda, apenas un caso más de comportamiento irregular entre policías, que todavía debe ser debidamente investigado por parte del Ministerio Público hasta obtener la evidencia que permita su imputación formal, pero que no debe servir como argumento para generalizar como corruptos o cómplices del crimen a todos los miembros de la institución verde olivo y mucho menos para afirmar que el Estado o sus instituciones han sido “penetradas” por mafias.
Según el resultado de investigaciones de Inteligencia, divulgado recientemente por el Ministro de Gobierno, Dávila era el “protector” de una red de narcotraficantes liderada por el antiguo capo del tráfico de sustancias controladas Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo de Paja”. Asimismo, se conoció que tuvo vínculos con Omar Rojas Echeverría, un exmayor de la Policía Boliviana, ahora detenido en Colombia, que fue dado de baja en 2014 y a quien se conocía por ser “el hombre de los contactos con los narcotraficantes”, y que es requerido por la Agencia de Interdicción de Drogas (DEA, por su nombre en inglés) de EEUU.
Asimismo, el que se cite a la tristemente célebre DEA como fuente de la información sobre las actividades de los oficiales de policía aquí mencionados ha servido para confirmar que sus agentes encubiertos operan en el país, aunque el Ministro de Gobierno señaló enfáticamente que la Agencia estadounidense no tiene presencia oficial el territorio boliviano.
Los interesados señalamientos de dirigentes opositores y sus operadores mediáticos respecto a la presencia del narcotráfico en Bolivia y sus supuestas vinculaciones con el Estado son apenas una de las razones que deberían inspirar una investigación rápida, pero sobre todo transparente, de las actividades ilícitas de quienes deben combatir el crimen. Si la Policía aparece manchada de corrupción (y eso no es algo nuevo), es difícil que merezca y reciba el respeto necesario para desarrollar sus actividades de seguridad interna del país.
