Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la recuperación del empleo en el mundo será “lenta e incierta” debido a los efectos de la pandemia, que en pocas semanas más ingresará a su tercer año. En Bolivia, las autoridades se muestran optimistas, pero no todos piensan de esa manera, y se propone la necesidad de sincerar las estadísticas y ajustar la ley.
En el informe Perspectivas sociales y de empleo en el mundo. Tendencias 2022, la agencia de Naciones Unidas dedicada a los temas laborales establece que los niveles de desempleo en el planeta seguirán muy por encima de los niveles anteriores al inicio de la pandemia por lo menos hasta 2023; solo en 2022, según los cálculos, habrá 11,3% más de personas desempleadas que en 2019.
Mas no es únicamente la cantidad de personas que no acceden a un empleo; según el organismo, el efecto general de la pandemia en el empleo es significativamente mayor al representado en las cifras (207 millones de personas desocupadas este año), pues muchas personas han abandonado la fuerza de trabajo y se calcula que este año la tasa mundial de participación en la fuerza laboral se mantendrá 1,2% por debajo de la de 2019.
Según el Presidente del Estado y el Ministro de Economía, en Bolivia hay motivos para el optimismo, pues en octubre de 2021 la tasa de desempleo había caído a 5,2%, luego de haber alcanzado un pico histórico de 11,6% en julio de 2020, cuando gobernaba el país Jeanine Áñez. Según el Ministro de Economía, el año pasado se incorporaron al mercado laboral boliviano 1,1 millones de personas.
Sin embargo, un economista y exministro del área, al ser consultado por este diario, afirmó que “el Gobierno tiene unas cifras, los organismos internacionales tienen otras, los analistas también” y es imposible que haya un acuerdo “ni siquiera en este tema estadístico”, lo cual quita certeza a las proyecciones que pudieran hacerse. La política pública, así, corre el riesgo de ser inadecuada.
Otro analista es aún más crítico, pues sostiene que si bien las estadísticas muestran una caída del desempleo, “esas cifras esconden un incremento muy fuerte de la informalidad en el país”. Aporta como evidencia de su afirmación las muchas muestras de personas que han iniciado algún emprendimiento (por lo general comercial) o trabajan en condiciones precarias, como los y las conductoras de automóviles de transporte de pasajeros.
Finalmente, ambos analistas sostienen que además del plan de empleo de emergencia que el Gobierno ha anunciado, se debe reformar la legislación laboral vigente en el país. No se trata únicamente de que su origen data de 1943, sino que debido a su antigüedad ha sido reformada parcialmente tantas veces que las sucesivas disposiciones parciales son a menudo contradictorias unas con otras. Urge, pues, que la temática laboral sea abordada desde una perspectiva que vaya más allá de las solas cifras y busque asegurar empleo de calidad para todas y todos.
