El escandaloso caso del feminicida y violador serial beneficiado con detención domiciliaria reveló la existencia de consorcios de fiscales, jueces y abogados que liberan a criminales sentenciados. En respuesta, el Gobierno conformó una comisión de autoridades (90 por ciento hombres) para examinar en el corto plazo casos de impunidad de violadores y asesinos de mujeres.
Lo primero que llama la atención es que de pronto el Ministerio Público y las autoridades de justicia descubran que hay policías, fiscales, médicos forenses, abogados y jueces corruptos, que hicieron del prevaricato una fuente de ingresos. Con meritorias excepciones, así funciona la administración de justicia en el país: las denuncias, las diligencias, las imputaciones (o sobreseimientos), los obrados, las sentencias, en fin, son objeto no solo de dilación, sino de extorsión y “arreglos” de dinero.
Quizás lo novedoso, o manifiestamente repugnante, es que esas prácticas se hayan articulado en redes (consorcios) que, con absoluta impunidad, negocian y venden decisiones que deberían tomarse exclusivamente con apego a los hechos, las pruebas y la ley. No es así. Los casos de administración de injusticia se multiplican y solo causan indignación colectiva o atención estatal cuando se revelan como escándalo y reflectores mediáticos. La bulla dura poco, el episodio pasa y de vuelta a la “normalidad”.
Esto es especialmente evidente en los casos de feminicidios, en su mayoría cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, con violencia extrema. Además de las demoras y falencias en las diligencias investigativas y decisorias en las diferentes instancias, hay centenas de feminicidas que permanecen sin sentencia. Y cuando existen sentencias condenatorias, resulta que en varios casos se dictan medidas de excarcelación, como las del juez Alcón con el feminicida que salió de prisión y volvió a matar.
La situación es no solo indignante, sino inaceptable. La impunidad de feminicidas nunca debió haberse normalizado al extremo de volverse invisible. Lo mismo pasa con las violaciones, en especial de niñas y adolescentes. En ese marco, es relevante que se haya creado la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio. Lamentablemente es una instancia poco participativa y dominada por hombres, aunque luego, ante las críticas, se adscribieron algunas mujeres. Tienen 120 días para mostrar resultados al país.
En un escenario de crisis terminal del sistema de administración de justicia, y sin voluntades políticas ni ruta clara para una reforma sustantiva, es fundamental que, al menos, las comisiones identifiquen y eliminen los consorcios, reparen daños, aseguren sanción para violadores y feminicidas. Sería coherente con la declaratoria oficial, este año, de la Revolución cultural para la despatriarcalización. Garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres es un imperativo de convivencia.
