Mientras la comisión formada por instrucción del Presidente del Estado se organiza para ejecutar un trabajo cuyos alcances no terminan de quedar claros, se multiplican las voces que ora le desean a sus miembros el mayor éxito en sus funciones, pues de ello depende la seguridad de las mujeres en el país, ora plantean críticas y cuestionamientos, como en esta misma página, ayer.
No es para menos: como ya se mencionó en este mismo espacio y otros aledaños, no se trata de la primera comisión que se crea para dar cuenta de la situación de la violencia contra las mujeres o para conocer cuánto le falla la administración de justicia a la mitad de la población, ni la primera que indaga la dramática situación de los derechos humanos de grandes sectores de la población boliviana.
Es más, no son las comisiones formadas al calor de la crítica social que se toma agenda pública las que mejor información ofrecen para conocer el estado de cosas, sino, probablemente, las organizaciones de la sociedad civil o del tercer sector, que hacen de este tipo de investigación y sistematización de datos su razón de ser.
Uno de los más recientes, publicado por la Comunidad de Derechos Humanos bajo el título Monitoreando la situación de los derechos humanos, acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, ofrece datos que podrían orientar el trabajo de la comisión gubernamental, como el que muestra que en los últimos ocho años, de 787 feminicidas procesados, solo 246 fueron sentenciados, incluso a pesar de que la Ley 348 establece mecanismos expeditivos para evitar la impunidad.
Agréguese el dato bien conocido que hasta hace muy poco hubo un bien establecido consorcio de jueces, fiscales y abogados que garantizaban impunidad incluso para reos sancionados a la pena máxima a cambio $us 3.500 y alguna bebida alcohólica, para saber que no bastará con identificar los casos o revertir decisiones corruptas, pues la razón que inspira estas actuaciones sigue presente en la conciencia de hombres y mujeres.
Allí donde la estadística muestra que, por ejemplo, solo en 2020, la relación entre varones y mujeres convictos por feminicidio fue de 464 a 8, ¿necesitará la comisión nueva evidencia de que urge erradicar la idea que hay roles naturalmente establecidos para hombres y mujeres, incluyendo los de víctima y victimario? ¿Hará falta estudiar los cientos de casos de mujeres víctimas de toda clase de violencia para instruir sanciones ejemplarizadoras contra todas y todos aquellos que se apartan de la norma y producen constante injusticia?
Es, pues, muy grande en términos simbólicos la misión encomendada a la comisión, pues esta vez no podrá servir, como ya sucedió antes, para tranquilizar las conciencias de quienes hoy están movilizadas, en las calles y las redes virtuales, pues el caso del asesino y violador serial debe servir como parteaguas, en la administración de justicia y en la protección de los derechos humanos de las mujeres. Nada menos.
