El juicio a la expresidenta Jeanine Áñez, por presuntos delitos cometidos antes de, y para posibilitar, su posesión como Presidenta interina en noviembre de 2019 debió comenzar ayer y sin embargo, de manera en cierta medida previsible, fue postergado sine die debido a una serie de observaciones a la apertura del juicio oral presentada por la defensa de la imputada.
Se trata sin duda de un juicio de gran complejidad y de la mayor trascendencia en la vida política del país, no solo por ser oportunidad para demostrar los falsos contornos de persecución o venganza política que le ha otorgado la oposición al actual Gobierno, sino sobre todo porque debe quedar como demostración de que el orden constitucional no puede ser alterado de manera impune.
Si bien hoy la polarización discursiva impide señalar de manera inequívoca la sucesión de hechos que dieron lugar a una proclamación doble, como Presidenta del Senado, primero, y como Presidenta del Estado inmediatamente después, de la imputada, la acción del Ministerio Público y de la administración de justicia debería servir para afirmar una verdad histórica, en la que lo sucedido, evidentemente, no es igual a las sucesiones de Tuto Quiroga en 2001 y Carlos Mesa en 2003, ambos dotados de la legitimidad que otorga el mandato emanado del entonces Congreso Nacional.
Las temerarias acusaciones contra el proceso judicial y los supuestos condicionamientos impuestos desde el Ejecutivo, que lanzan líderes políticos arropados en la comodidad de sus cuentas de Twitter, alimentan la narrativa de que el proceso es un acto de injusticia y de extrema violación de los derechos humanos de la exmandataria interina.
Abona al estado de desconfianza que promueven la oposición y sus operadores mediáticos la lamentable imagen del sistema judicial boliviano, causada por operadores y operadoras venales y prevaricadores, cuyos actos son tomados como la evidencia de un estado de cosas generalizado, ante la imposibilidad o la falta de voluntad política de las autoridades de gobierno para iniciar un verdadero proceso de transformación.
El que dos de los ocho coimputados (siete exjefes militares y uno de la Policía, de los cuales cuatro están prófugos) hayan solicitado proceso abreviado, reconociéndose culpables de los delitos de incumplimiento de deberes y de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por no haber impedido la proclamación o haberla facilitado, dificultará el trabajo de la defensa de la acusada por los mismos delitos.
Es grande la responsabilidad de quienes hoy deben administrar el proceso contra la exmandataria, primero porque tienen que demostrar que corresponde el juicio ordinario por los delitos cometidos antes de que la imputada ejerciese efectivamente la Presidencia, y segundo porque deberán garantizar el debido proceso en las actuaciones judiciales, a fin de evitar hasta la menor sombra de duda, que podría provocar un fracaso del juicio que produciría, éste sí, impunidad e injusticia.
