De modo previsible, el polémico juicio oral contra la exsenadora Jeanine Áñez y los altos mandos militares y policiales en el caso Golpe de Estado II generó no solo renovada polarización política, sino activas operaciones mediáticas. Y también apasionamientos y exigencias de unos y otros. Dados los hechos y sus efectos, es fundamental preservar un proceso justo y libre de presiones.
Como prolongación de la disputa de relatos derivados de la crisis político-institucional de 2019, hoy el enfrentamiento se concentra en el juicio ordinario en torno a la autoproclamación presidencial de Áñez. Desde el oficialismo se plantea la exigencia de un juicio expedito que concluya en la mayor sanción posible (12 años de cárcel). Se lo plantea en términos de justicia por el quiebre constitucional. Y se exhiben las masacres de Sacaba y Senkata, que corresponden a un juicio de responsabilidades.
En la vereda opositora, en tanto, la premisa es que la sucesión presidencial de Áñez fue constitucional y respondió a un vacío de poder. En ese sentido, se rechaza no solo una posible condena, sino el juicio mismo. El proceso es entendido como venganza para imponer la narrativa del golpe de Estado, con un aparato de justicia al servicio del Gobierno. Y se vincula el caso a una lógica de persecución política contra la oposición. Estas visiones confrontadas no hacen más que atizar la polarización.
En ese contexto, parece altamente improbable lograr puntos de encuentro que conduzcan a una salida que, lejos de la venganza, esclarezca los hechos y garantice justicia. Peor todavía si, como vimos el viernes en las afueras del penal de Miraflores, ambos bandos agitan banderas radicales que pueden conducir a la violencia. ¿Pero acaso el dilema es entre sentencia previa versus impunidad? ¿Es posible encaminar un juicio justo en torno a la ruptura constitucional producida en noviembre de 2019?
Un juicio justo implica cuidar los principios de debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa. Ello está en cuestión en un sistema judicial en evidente situación de crisis. Resulta fundamental, por tanto, que todas las instancias preserven el proceso y sus procedimientos en este delicado caso. La alternativa por supuesto no es prescindir de juzgar y, en su caso, sancionar a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos denunciados. Aquí no cabe el “borrón y cuenta nueva”.
Ya se ha dicho que no habrá reencuentro como país ni cierre de la coyuntura crítica de 2019 sin verdad, justicia, reparación y no repetición. Si los actores polarizados se quedan en las trincheras, incapaces de ver más allá de sus “verdades”, lo más probable es que asistamos a un accidentado juicio bajo presión de unos y otros. Seguramente habrá sentencia (dos excomandantes militares ya la tienen), pero no habremos superado la división en torno a este oscuro capítulo de nuestra historia democrática.
