Luego de una semana de trabajo en Bolivia, el martes último ha terminado la visita del relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García- Sayán, con una conferencia en la que sintetizó sus observaciones en forma de nueve conclusiones. Ni oficialismo ni oposición pudieron hacer uso político de esta visita, que deja urgentes recomendaciones.
En los hechos, el Relator no hizo ninguna revelación ni brindó datos que no sean conocidos, lo cual debe haber servido como una bocanada de aire fresco para las autoridades de gobierno, que no se vieron señaladas por el lamentable estado del sistema judicial, pues el Relator recordó que este estado de cosas fue identificado por sus antecesores desde hace más de dos décadas; tienen también las autoridades una agenda clara para impulsar el demorado proceso de reforma judicial.
Según adelantó, el informe que presentará en junio de este año ante el Consejo de Derechos Humanos, en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, despliega las siguientes observaciones: la justicia boliviana está lejos de la gente; las mujeres son quienes menos acceso a la justicia tienen; la justicia indígena no ha prosperado, a causa de la legislación nacional; el hacinamiento carcelario es “dramático”; hay pocos jueces para la carga procesal del país; menos de la mitad de las y los jueces son de carrera; hace falta legislación de acceso a la información pública; a fines de 2019 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y son escasos los resultados de las investigaciones; y, debe revisarse el procedimiento de elección de magistrados de las altas cortes.
Durante su estadía, García- Sayán recibió críticas de todos los frentes, lo cual puede interpretarse como indicador de su imparcialidad. Las críticas, por otro lado, son indicador de la intolerancia y severo déficit democrático de líderes políticos y sus voceros (incluyendo a algunos periodistas, que se prodigaron en adjetivos y ofensivos juegos de palabras con el nombre del Relator), de uno y otro lado.
En gran parte de las noticias publicadas, fue evidente que algunos medios confundieron la situación de la expresidenta transitoria con la tragedia que viven diariamente miles de personas en los recintos penitenciarios del país, casos que por contraste muestran los privilegios de que goza la exmandataria; el Relator escuchó numerosas versiones sobre este caso, y concluyó que nadie pudo mostrarle evidencia de la supuesta persecución política.
La visita del Relator Especial no cumplió con los fines políticos que unos y otros hubiesen esperado, pero sí dejó como mensaje central considerar la urgencia de construir acuerdos nacionales para transformar la situación del régimen jurídico del país, que no podrá ser transformado solo por el oficialismo, acostumbrado a usar la justicia como instrumento político, ni solo por la oposición, que no siempre muestra credenciales democráticas, como cuando defiende a quienes cometieron ostensibles crímenes para acceder al poder y luego retenerlo.
