En los últimos días se han producido al menos dos reclamos desde el extranjero respecto de la investigación y sanción de la violencia desatada en noviembre de 2019 luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Uno fue Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el otro el Comité de DDHH de Naciones Unidas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un cuerpo de expertos independientes seleccionados por los Estados miembros que monitorea la implementación de las provisiones del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (CCPR, por su nombre en inglés) y que recibe y evalúa los informes cuatrienales de los países sobre el estado de los derechos y el acceso a éstos por parte de la población.
Este comité recibió entre el 8 y el 10 de marzo últimos el informe de Bolivia, que tiene dos partes, una preparada por las instancias gubernamentales llamadas a trabajar la temática y la otra elaborada por las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a los derechos humanos, su defensa y promoción. El comité presentó el 22 de marzo su documento de observaciones finales, donde se cuestiona el poco avance de las investigaciones y la falta de condena sobre la violencia y violaciones de DDHH en Bolivia durante la crisis de 2019.
El documento, que fue conocido el miércoles último, señala que el comité “observa con preocupación la información disponible que da cuenta de las limitaciones en el avance de esas investigaciones, y que hasta la fecha no se ha dictado ninguna condena”. Abrão reclamó días antes que la acción de la Justicia no parece estar orientada a la reparación de los daños causados a las víctimas y que ésta debiera ser prioridad de las autoridades.
En los hechos, ambas observaciones tienen que ver con el modo en que se está desarrollando la acción penal en torno a lo sucedido luego que tras semanas de protestas callejeras, coronadas por motines policiales y desacato de las Fuerzas Armadas, obligaran al entonces Presidente Constitucional a renunciar al cargo, dejando un vacío de poder que luego fue aprovechado para instalar un gobierno provisorio sin observar el procedimiento constitucional.
La acción del Ministerio Público y del sistema judicial, cotidianamente cuestionados por escandalosas actuaciones de operadores de justicia inclinados al prevaricato, hasta ahora ha dado lugar a que las oposiciones y sus operadores mediáticos logren posicionar la idea de que el juicio contra la expresidenta transitoria y algunos jefes militares tiene solo motivaciones políticas.
El hecho de que las investigaciones avancen con una pasmosa lentitud y que no se indague a los demás agentes que participaron en la transición y la violencia desatada luego, abonan a esa percepción. Mientras tanto, las víctimas, que debieran merecer la atención prioritaria del Gobierno, siguen peregrinando de una oficina a otra en busca de reparación y resarcimiento, es decir, de justicia.
