El título de este editorial expresa un grito de auxilio ante la persistencia de feminicidios y hechos de violencia contra las mujeres en el país. Es también un grito de rabia e indignación. No basta que este drama ocupe alguna comisión oficial y salga en las noticias. Es fundamental atacar sus causas estructurales, que son la manifestación más despiadada del patriarcado.
Según el último reporte de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, entre enero y marzo de este año se registraron 11.963 denuncias de violencia contra mujeres. Nada menos. Son en promedio más de 130 casos cada día. En el mismo período se produjeron 23 feminicidios. La violencia contra las mujeres es una epidemia que no cesa y está quebrando nuestra convivencia en sociedad. Es imperativo, en especial desde el Estado, garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Los datos que se van conociendo son elocuentes. Centenares de hechos de acoso y violencia política contra las mujeres, casi ninguno con sanción. Miles de hechos de violencia familiar o doméstica. Centenares de casos de violación y abuso sexual. Decenas de feminicidios (el año pasado, 108 mujeres fueron asesinadas).No son solamente estadísticas. Detrás de cada hecho de violencia hay vidas de mujeres y de familias que son víctimas de un sistema que reproduce la violencia machista y la misoginia.
Como ha sido ampliamente demostrado, la creciente violencia contra las mujeres se nutre de un sistema de administración de justicia, en todo su circuito (policías, abogados, fiscales, jueces, sistema carcelario), que deja en la impunidad a muchos agresores, violentos, asesinos. El macabro caso de un feminicida condenado que salió de la cárcel y volvió a matar puso en agenda un hecho inocultable: operan consorcios que liberan a violadores y feminicidas con sentencia. Una comisión está revisando estos casos.
Nos están matando, claman las mujeres. Y el coraje crece. Empezando porque no hay información transparente al respecto.
Por ello, las organizaciones de mujeres, los colectivos feministas, las y los defensores de derechos humanos, la sociedad en general tenemos el derecho de conocer los nombres de los feminicidas y el estado de situación de sus procesos penales. ¿Cuántos de ellos todavía no tienen sentencia? Y los sentenciados, ¿en qué cárceles están? Y los que teniendo sentencia fueron liberados, ¿dónde están?
Bolivia cuenta con normas avanzadas en materia de prevención y acciones para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El problema es que su implementación tropieza con escollos de todo tipo. Está la ley, pero faltan o fallan los mecanismos, las políticas integrales de prevención y protección, la reparación a las mujeres en situación de violencia, la persecución y sanción a los agresores. Faltan institucionalidad y presupuesto. No hay excusa para no luchar contra esta epidemia del patriarcado.
