La solicitud de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez a sus exsocios políticos, de instruir a sus respectivas bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional hacer posible la aprobación de los juicios de responsabilidades que el Tribunal Supremo de Justicia ha solicitado en su contra, está demostrando que la búsqueda de justicia no está entre las prioridades de los jefes de la oposición.
Fue evidente desde el momento en que Áñez fue aprehendida que los excandidatos Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no tenían entre sus prioridades ni la defensa de la exsenadora convertida en Presidenta por su designio ni mucho menos la búsqueda de justicia y resarcimiento para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata o para quienes fueron objeto de persecución política durante ese gobierno.
Luego de publicada la carta que les hizo llegar, los destinatarios tuvieron ocasión de conversar sobre la inesperada solicitud, según informó el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado; posteriormente ambos jefes políticos hicieron conocer su decisión de consultar con sus respectivas bancadas la posibilidad de avenirse a la solicitud, pero solo si se cumplen sus condiciones.
Para Carlos Mesa y su jefe de bancada en Diputados, el requisito ineludible para dar paso a cualquier iniciativa es la reforma de la justicia, tarea que previsiblemente necesitará de un buen tiempo para ejecutarse, además de voluntad política de todos los agentes involucrados en la gestión del Órgano Legislativo, es decir oficialismo y oposición.
Para la expresidenta, la aprobación de los juicios de responsabilidades, además de darle un respiro en medio de la batalla jurídica de los juicios ordinarios por los casos Golpe de Estado I y Golpe de Estado II, por los presuntos delitos cometidos antes de asumir la presidencia, permitirá, como dice en su misiva, “establecer la verdad de los hechos ante el país”, así como demostrar su “inocencia sobre cualquiera de los supuestos delitos” por los que se la acusa.
En el lado del Gobierno, el Viceministro de Justicia subrayó el hecho de que, incluso si las bancadas opositoras deciden dar vía libre a los juicios de responsabilidades (pues son cuatro las proposiciones acusatorias, por diferentes motivos), no tienen los dos tercios necesarios según la ley, casi sugiriendo la posibilidad de que sea el oficialismo el que entorpezca el proceso, y sin reconocer que los procesos ordinarios y los de excepción no deberían ser mutuamente excluyentes.
Mientras tanto, los de una u otra manera involucrados en los actos que condujeron a Áñez a la presidencia, por una parte siguen sin ser indagados en el marco del proceso contra la expresidenta y, por otra, siguen sin mostrar solidaridad alguna con las víctimas, que no necesitan palabras reconfortantes publicadas en redes sociales, sino acceso a la justicia, traducida en sanción para sus agresores, pero sobre todo en reparación de sus derechos vulnerados.
