Entramos en la fase final del proceso de elección del o la Defensor(a) del Pueblo. Los primeros pasos fueron laboriosos, pero estuvieron enmarcados en una inédita y positiva y prometedora concertación entre la mayoría de las bancadas. Ahora llega el momento más complejo: construir acuerdos para seleccionar una persona que tenga una trayectoria que avale su compromiso único con la garantía de los derechos humanos.
Pese a los malos augurios por la lamentable trifulca con la que empezó el proceso legislativo para seleccionar y elegir al o la nuevo(a) Defensor(a) del Pueblo, se debe reconocer y resaltar que los pasos siguientes fueron auspiciosos. Después de productivas conversaciones, oficialistas y opositores acordaron un reglamento con el que todos dijeron sentirse satisfechos. Hecho inédito en este periodo político tan contaminado de una polarización, las más de las veces, irracional.
Paralelamente, la primera fase de selección trajo también su lote de novedades interesantes: el siempre polémico trámite de habilitación de candidatos, con sus respectivas impugnaciones, se resolvió mediante decisiones mayoritarias de la comisión parlamentaria encargada de las tareas, es decir con votos de oficialistas y opositores. Otro punto a favor del conjunto. Si bien se puede debatir si el proceso fue en exceso riguroso en aspectos formales o si alguna persona inhabilitada tenía trayectoria para seguir en la carrera, lo rescatable es que los parlamentarios están realizando su trabajo conversando y construyendo decisiones colectivas.
Alguien denunciaba que detrás de alguna de esas inhabilitaciones había acuerdos políticos, como si eso fuera mala palabra. Lo cierto, es que, respetando escrupulosamente los requisitos básicos, hay en ciertos momentos decisiones políticas que se deben asumir. En esos casos, la garantía de un equilibrio es que estas decisiones sean ratificadas por mayorías de legisladores, amplias y diversas.
Ahora viene una fase aún más compleja: ponerse de acuerdo sobre una persona que satisfaga los criterios de profesionalismo y capacidad ejecutiva, que demuestre compromiso con los derechos humanos y probidad y, sobre todo, independencia de todos los grupos de interés, oficialistas, opositores u otros sectores. Conseguir los dos tercios de voto del pleno para culminar el proceso, implicará una convergencia política en torno a alguien que aporte garantías razonables de equilibrio. Y eso no se verá únicamente en su hoja de vida o en una entrevista, sino en una evaluación serena y dialogada de su trayectoria. Esta es la cuestión crítica.
Habrá que ver próximamente si la madurez demostrada hasta ahora por los parlamentarios se consolida. Eso es lo que alentamos desde este medio de comunicación: contar con una autoridad que vele por los derechos humanos de todos y todas los bolivianos, sin distinción, y que sea capaz también de aportar a una nueva etapa de concordia y fortalecimiento democrático.
