La crisis terminal del sistema de administración de justicia en el país tiene mucho que ver con algunos poderes intocables que, más allá del Estado, de la democracia y de los gobiernos, se reproducen y reciclan en función a sus propios intereses. Ahí está el triángulo de policías, fiscales y jueces, que se adaptan velozmente a coyunturas críticas y cambios políticos.
En una reciente declaración, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló el modus operandi de estos poderes. Refiriéndose a la ruptura del orden constitucional en noviembre de 2019, indicó: “cuando arrancó este negro episodio de la historia, no vimos a un Fiscal General acusando a la señora Áñez, ni a su gabinete”. En lugar de intervenir, por ejemplo, para establecer responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata, el Ministerio Público se concentró en “perseguir al masismo”.
Así, uno de estos poderes intocables son las fiscalías, que actúan o dejan de hacerlo en función a mandatos y presiones del gobierno de turno y de otros poderes fácticos. En general, el Ministerio Público se desempeña como instrumento al servicio de su propia reproducción del poder. Hasta noviembre de 2019 perseguían opositores, pero en cuestión de días dejaron de hacerlo para ocuparse, bajo presión del ministro Murillo, de la cacería de “gente del MAS”. Hoy nuevamente persiguen opositores.
La Policía Nacional es el otro poder que trasciende reformas y gobiernos. Para defender sus intereses y privilegios, se han bloqueado sistemáticamente en democracia todas las iniciativas de cambio en la institución “verde olivo”. Predomina la lógica de intercambio de lealtades a cambio de prebendas. No pocos ministros de Gobierno fueron parte de esa lógica instrumental. Y está visto que los policías hasta pueden negar su mandato constitucional para amotinarse y derrocar un gobierno electo.
El triángulo se completa con el Órgano Judicial en todos sus niveles. No son pocos los jueces que sentencian en función a presiones políticas y, por supuesto, con arreglo a pagos ilegales. Y en ello pueden transcurrir años de procesos interminables. Los casos de feminicidas beneficiados con detención domiciliaria pusieron en vitrina la existencia de consorcios que operan en la oscuridad. Ni qué decir de la reciente muerte del señor Aramayo, víctima de un sistema capaz de matar en el camino.
Claro que hay policías honestos que hacen honor al uniforme y cumplen su misión de defensa de la sociedad. También hay fiscales probos que defienden la legalidad y los intereses generales. Y existen jueces íntegros e independientes que administran justicia conforme a ley. Pero el triángulo está dominado por policías, fiscales y jueces más bien corruptos, en este último caso con omisión o complicidad del Consejo de la Magistratura. No habrá reforma de la justicia sin desmantelar estos poderes hasta hoy intocables.
