De las 198 personas que postularon a la elección de la nueva o nuevo Defensor del Pueblo, solo siete quedaron en carrera. Una de ellas debiera ser elegida por dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los otros 191 postulantes no superaron los diferentes filtros de selección. El país espera que se designe una autoridad y se garantice la independencia de la institución.
El proceso de elección para la Defensoría del Pueblo, después de más de tres años de interinato, empezó con un celebrado reglamento aprobado por consenso de las tres fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Fue una importante señal de concertación luego de una bochornosa sesión preliminar marcada por la disputa política. Casi siete semanas después, tras sucesivos acuerdos en la Comisión Mixta, ahora se ingresa a la última fase con diferencias de criterio sobre la evaluación de dos postulantes.
Según el Reglamento para la Selección y Designación, el proceso contempla nueve etapas secuenciales. La primera fue la convocatoria pública, seguida de la recepción de postulaciones. Llegaron 198 carpetas, que pasaron a la verificación de requisitos. Tras este filtro, se publicó la lista de 72 habilitados, abriéndose la etapa de impugnaciones. Luego vino la evaluación de méritos, superada solo por 16 postulantes. Tras la entrevista y la evaluación oral, quedaron los siete que van a la etapa final de designación.
En el recorrido de selección quedaron fuera algunos postulantes vinculados con el oficialismo o con la oposición, como el polémico Jesús Vera, la diputada Lidia Patty, Manuel Morales, del Conade, e incluso la actual defensora interina, Nadia Cruz. Todas las inhabilitaciones fueron resultado del trabajo conjunto de las y los integrantes de la Comisión Mixta en la Asamblea. Así, el “modelo” de decisiones concertadas siguió su curso. Hasta que la bancada opositora de Comunidad Ciudadana decidió no suscribir el informe de evaluación.
Ahora el escrutinio público y los reflectores mediáticos estarán puestos en la sesión de la Asamblea que debe designar por dos tercios de los presentes a la nueva o nuevo Defensor del Pueblo. Dado que el consenso político se malogró al final, ¿habrá la mayoría especial requerida para la designación? ¿O primará el ya anunciado veto de la minoría? Según el reglamento, no hay límite para las votaciones en caso de que no se obtenga la mayoría necesaria. Las fuerzas políticas tendrán que lograr un acuerdo.
Sería lamentable que el proceso naufrague. Y que el Órgano Legislativo no tenga la capacidad de concertar, entre lo que hay, la designación de una autoridad lo más independiente posible, con probidad y experiencia, equidistante de actores e interés políticos. El país necesita una Defensoría del Pueblo con la legitimidad y fortaleza requeridas para velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos en el país. Ojalá que el bien mayor derrote a las miserias.
