Otra vez el país está de duelo por un hecho injustificable. La muerte de cuatro estudiantes universitarias en una asamblea es una señal de la crisis de esas instituciones. Es lamentable que un episodio que debería llevarnos a una evaluación serena del problema y una proyección de sus soluciones termine siendo politizado y sirva para expresar indignaciones de corto plazo sin resultados concretos para el conjunto de la sociedad.
Ya es usual que cada vez que sucede un hecho trágico, durante los días posteriores se produce una acumulación de lamentos, evaluaciones en urgencia sobre un problema que parece que recién apareció, búsqueda de culpables, reales o hipotéticos, o declaraciones contaminadas de hipocresía y oportunismo político. Se habla y se polemiza en los medios masivos de comunicación; sin embargo, pasados unos días, todo vuelve a la “normalidad” y pasamos a otro tema, hasta el próximo escándalo público.
El trágico fallecimiento de cuatro estudiantes y las decenas de heridos que se produjeron en la Universidad Autónoma Tomas Frías en Potosí debido a un acto delincuencial en una asamblea estudiantil, se suma a varios otros eventos graves que vienen manchando a las universidades públicas.
En marzo del año pasado, ya ocho estudiantes perdieron la vida debido a un accidente relacionado a peleas en una asamblea en la Universidad Pública de El Alto. Todos lamentaron el hecho, durante días se habló de la irresponsabilidad de los dirigentes y la lenidad de las autoridades; se planteó la urgencia de una reinstitucionalización y saneamiento de su gobernanza. Un año después, no hay visos de que se haya avanzado algo en ese sentido.
Lo cierto es que la degradación de la vida política en las universidades públicas es una realidad inocultable desde hace más de dos decenios, agravada por una desideologización que hace que los conflictos por los puestos en ese ámbito no sean entre corrientes políticas, sino entre grupos de poder que los generan en el marco de la pugna por los recursos e influencia que se ejerce desde ellos. El traspaso de recursos del IDH a los centros de estudiantes solo ha agravado ese mal endémico.
Por tanto, el problema principal es la autonomización al interior de esos entes de fuerzas que actúan en su propio beneficio, que un día pueden ser oficialistas y en otro pueden ser punta de lanza de los opositores. En muchos casos el objetivo es mantenerse eternamente en sus puestos dirigenciales.
Aquí está el problema de fondo y tiene que ver con la distorsión de una autonomía y un sistema de gobernanza que fueron diseñados para aislar y proteger a esos centros de formación del control autoritario del Estado o de los partidos políticos, pero que se han transformado, en muchos casos, en una manera de evadir los controles y no rendir cuentas a la comunidad sobre la manera cómo se usan los recursos que todos les damos mediante nuestros impuestos.
