La caída de un talud en la zona Sur de la ciudad de La Paz es un nuevo recordatorio de la precariedad en la que se desarrolla gran parte de las obras de construcción. No se trata solo de posible falta de cuidados suficientes de los obreros que allí trabajaban, pues ellos son las víctimas, sino sobre todo de la irresponsabilidad de los constructores y la lenidad de autoridades municipales.
Ocurrió el jueves a media tarde: de manera inesperada miles de toneladas de tierra de un talud en la zona de La Florida se desprendieron a causa de la remoción de tierra para la construcción de lo que debía ser un edificio de viviendas multifamiliar. Tres obreros quedaron enterrados, uno de ellos fue rescatado y los cuerpos de los otros dos fueron recuperados ayer.
El Secretario Municipal de Riesgos explicó que “aproximadamente en marzo se evidenció que la empresa propietaria o constructora estaba haciendo movimiento de tierra, se hicieron las notificaciones correspondientes para que suspendan los trabajos, pero consiguieron una autorización de Palca y siguieron con la construcción”. Pero la Alcaldía de Palca negó ello.
No obstante, se trata de un modus operandi ya habitual en la ciudad: prácticamente todas las obras que son observadas en el gobierno municipal paceño buscan y obtienen permisos en el de Palca. Se trata de una de las varias peleas por límites que afronta el municipio de La Paz con sus vecinos desde hace ya demasiados años sin que las autoridades nacionales y departamentales hayan mostrado la mínima voluntad de resolver, incluso a pesar de leyes que establecen claramente el procedimiento para resolver este tipo de diferendos. Están en juego no solo la jurisdicción territorial y las transferencias por coparticipación según tamaño de población, sino también pingües negocios por los permisos de construcción.
En el esquema participan arquitectos, ingenieros y constructores que, ora cansados de las trabas burocráticas, ora deseosos de evitarse los controles y restricciones impuestos por la norma municipal paceña, han descubierto que los gobiernos municipales vecinos, especialmente el de Palca, dan curso a cualquier solicitud sin más requisitos que el pago de las patentes y, en no pocos casos, discretos sobornos a funcionarios codiciosos. El resultado es la completa precariedad en la ejecución de las obras y la total ausencia de las autoridades municipales en accidentes como el que aquí se comenta, dejando el costo, humano y financiero, para el municipio paceño.
Resulta, pues, inaceptable la impunidad que casos como éste producen, ya que ni las autoridades ni los ingenieros y constructores son indagados, ni mucho menos sancionados, por la irresponsabilidad con que actúan. Quienes invariablemente pierden son los obreros afectados y sus familias, y la ciudad sede de gobierno, que se ha convertido en territorio en disputa y en tierra de nadie a la hora de aplicar la norma. Urge resolver este problema que tantas vidas cuesta.
