Si bien no es posible hacer un balance del desempeño de todos y cada uno de los actuales gobiernos en las entidades territoriales autónomas del país, en general predomina la sensación de un primer año más bien opaco. Cierto que las condiciones socioeconómicas y financieras son difíciles, pero hay serios límites en la gestión pública del nivel subnacional. Quedan cuatro años.
Las elecciones departamentales, regionales y municipales de marzo y abril de 2021 permitieron renovar la legitimidad en las urnas de gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Concluyó así un año de prórroga en el mandato de las anteriores autoridades. El inicio de gestión ha sido complejo, en especial por los efectos de la crisis político-institucional del 2019-2020 y la persistente pandemia del COVID-19. Hay legitimidad de origen, entonces, pero la legitimidad de rendimiento es todavía incierta.
No hay suficientes datos ni diagnósticos para evaluar el curso de la gestión en las nueve gobernaciones y más de 300 gobiernos locales, pero diferentes percepciones de opinión pública, en especial en las ciudades capitales, muestran que hay más crítica y desencanto que conformidad o expectativa. Es evidente que un año es todavía poco tiempo para calificar una gestión, pero pueden observarse algunas señales y tendencias. Hay muchas necesidades y demandas, en tanto que los recursos son escasos.
En el caso de los gobiernos departamentales, en este primer año hubo controversia y cuestionamientos en especial en La Paz, Potosí y Santa Cruz. Las críticas tienen que ver con inacción, pocos resultados, decisiones polémicas, denuncias de corrupción y hasta consumo de bebidas alcohólicas en las oficinas. En otros casos, como Beni y Cochabamba, se registraron más bien algunos esfuerzos de gestión concertada. Nada de esto puede generalizarse, pero expresa diferencias de estilo y, quizás, de itinerarios.
Algo similar ocurre en los municipios de las ciudades capitales y El Alto. En algunos casos, el apoyo recibido por alcaldes y alcaldesas en las urnas, con alta votación, empieza a erosionarse por el natural desgaste en la gestión, errores propios y disputas en los concejos municipales. Influye también el hecho común de que los equipos profesionales y técnicos fueron casi completamente desmantelados para distribuir cargos entre los partidarios. Es un rito conocido también en el nivel central del Estado.
Mención especial merece la gestión del alcalde Iván Arias, exministro de Áñez. Hay miradas opuestas. Sus acólitos sostienen que es un alcalde “en movimiento”, aunque deben admitir que, por el momento, “la evaluación no puede ser exitosa” (sic). Sus adversarios, en tanto, advierten sobre una acelerada descomposición en el gobierno municipal paceño, carente de horizonte estratégico. Igual quedan cuatro años de gestión para todas las autoridades electas, con escala en el periodo de revocatoria a fines de 2023.
