Si las bancadas del oficialismo y de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional no logran un acuerdo para la designación del nuevo titular en la Defensoría del Pueblo, parece que se mantendrá el interinato de Nadia Cruz. Luego de tres intentos fallidos, no hay dos tercios de votos. Este miércoles se reinstala la sesión, sin disponibilidad evidente de concertar.
El proceso de elección, selección y designación de la nueva Defensora o Defensor del Pueblo titular, realizado hasta el momento conforme a ley, podría estancarse o naufragar por la falta de acuerdos entre el MAS-IPSP y los opositores Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Este desencuentro político, salpicado de capricho y discursos pomposos, ha impedido conseguir la mayoría especial requerida para la designación entre los siete postulantes seleccionados en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea.
Más allá de sus causas, ya abordadas en este espacio, la falta de voluntad política para alcanzar los dos tercios tiene efectos, que es importante analizar. Al respecto, debe señalarse que este “empantanamiento” resulta deplorable, sobre todo porque responde a mezquindades y hasta caprichos. Ahí está, por ejemplo, la actitud de asambleístas de Creemos que se retiraron de una reunión de diálogo convocada por el vicepresidente Choquehuanca porque querían estar tres en lugar de los dos jefes de bancada.
Si no hay disponibilidad de concurrir a un espacio de diálogo, menos la habrá para concertar una salida que preserve la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Las posiciones hasta ahora son evidentes: el MAS-IPSP ha cerrado filas en torno a un postulante (acusado de masista), lo propio hizo Comunidad Ciudadana al optar por una postulante (vinculada con la oposición), y Creemos se queda en la nulidad absoluta. En esas condiciones, ¿serán capaces de llegar a un acuerdo que no sea patear el tablero?
Luego de tres votaciones fallidas, es ciertamente inútil ir a una nueva votación en la Asamblea sin haber acordado y garantizado previamente la mayoría especial requerida. El país no merece esos espectáculos de trinchera. La consecuencia es clara: el proceso quedará pendiente, sin designación, lo que implica la continuidad en el cargo de la actual defensora interina, Nadia Cruz. Así lo establece con claridad la Ley 870 del Defensor del Pueblo. A no ser que se nombre otro interinato, que sería peor.
El caso de la Defensoría del Pueblo es parte de un propósito mayor de fortalecimiento de la institucionalidad en el país. Más allá de la evaluación que se tenga de los actuales interinatos extendidos, necesitamos autoridades titulares, probas, capaces e independientes en todos los cargos fundamentales del Estado Plurinacional. Hasta ahora los actores políticos, con predominio de discursos de polarización, no han estado a la altura para afrontar este desafío. Hoy el país estará atento a lo que nos tienen que decir.
