El escándalo desatado al saberse que el máximo dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) es estudiante regular de la Universidad desde hace 30 años, que por su cargo administra ingentes cantidades de dinero y que recibía un salario superior a los Bs 21.000, es un golpe demoledor contra la Universidad Boliviana, que hoy comienza su XIII Congreso Nacional.
El longevo dirigente, que el jueves último publicó un video de descargo acompañado de la dirigencia estudiantil nacional, donde afirma que no recibió ningún dinero ilegal y pide postergar el inicio del XIII Congreso Nacional de Universidades (CNU), fue aprehendido el sábado y sometido a medidas cautelares el domingo; de seis denuncias presentadas en los últimos días, el Ministerio Público lo imputó por usurpación de funciones y conducta antieconómica, en ambos casos por evidentes errores administrativos.
Un diputado del MAS reveló que el dirigente, ahora desprovisto de su poder y privilegios, se aplazó en 200 materias y obtuvo una calificación de 0 en otras 100, denunció que hizo numerosos viajes al exterior por los que cobró jugosos viáticos, además de su ya conocido sueldo de más de Bs 21.000, por ser miembro del Presidium del XIII CNU desde fines de 2018, cuando el inicio de este magno evento fue suspendido; el mismo Presidium que le había asignado ese salario se lo retiró hace unos días.
El inicio del Congreso Universitario fue suspendido en 2018 debido a que sus participantes no podían ponerse de acuerdo en asuntos procedimentales y de agenda; es la máxima instancia del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y sus decisiones tienen efecto sobre todas las universidades públicas del país más la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) y la Universidad Católica Boliviana (UCB). Entendidos en la materia denunciaron entonces que la institución estaba en crisis, que era incapaz de cumplir el mandato asignado en su creación en 1978 y que estaba usurpando funciones de las propias universidades, como los cursos de posgrado y la investigación científica.
El fracaso de 2018 fue una nueva alerta sobre el estado del sistema universitario, cuya autonomía encubre burocracias insensibles que absorben la mayor parte del jugoso presupuesto, además de millonarias transferencias a los estamentos de dirigencia estudiantil, que no miden consecuencias cuando se trata de retener y reproducir su poder, como se ha visto en El Alto y en Potosí, por citar solo dos últimos casos de conducta criminal en sendas asambleas estudiantiles.
El congreso universitario nacional se iniciará hoy con todo el sistema puesto en cuestión y sumido en el descrédito; las y los participantes tienen el enorme reto de reconducir el modo en que la autonomía universitaria es entendida por sus agentes. Es probable que tal cometido deba pasar por una refundación del CEUB, que a su vez pasa por definir líneas maestras de la nueva universidad pública, que incluyan, además de una cultura de transparencia, claridad sobre la función que debe cumplir en la sociedad.
