El comunicado público del Ministerio de Gobierno anunciando que solicitaron la pena máxima para cuatro integrantes del grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC) ha generado algunas reacciones defensivas desde la oposición. Para este mes de junio se anuncia el inicio del juicio oral contra los acusados, que en los próximos días deben presentar sus pruebas de descargo.
La Resistencia Juvenil Cochala surgió en el ámbito de la coyuntura crítica de 2019. Sus integrantes se concibieron a sí mismos como “un grupo de reacción rápida a la defensa de su ciudad” (sic). En ese marco, se organizaron para movilizarse en motos y defender los bloqueos del comité cívico. En su informe sobre los hechos de ese periodo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió sobre el uso creciente de la violencia por parte de la RJC, en coordinación con la Policía.
A la fecha, cuatro integrantes de la RJC han sido acusados por acciones cometidas tanto en Cochabamba como en la ciudad de Sucre y deben enfrentar procesos penales. Sin brindar información específica al respecto, el Ministerio de Gobierno, como parte acusadora, informó esta semana sobre la imputación formal y pidió 20 años de cárcel para los implicados. En criterio del ministerio, estas cuatro personas “operaron como grupo armado para atentar contra la seguridad interna del Estado y cometer delitos”.
Más allá del curso que sigan estos procesos en la Justicia, el solo anuncio de la acusación generó renovada disputa política entre el oficialismo y algunos opositores. Así, mientras desde el Gobierno y el MAS-IPSP se demanda máximo castigo, desde entidades opositoras como el Comité pro Santa Cruz y la alianza Creemos se convoca a respaldar a los jóvenes de la RJC “para que no se vulneren sus derechos con una injusta condena política”. El asunto es parte de la irresuelta polarización en el país.
Son interesantes al respecto las descripciones de uno y otro lado. Como se dijo, para el Ministerio de Gobierno la RJC no es más que “un grupo armado que generó violencia”. Para la oposición, en cambio, son “defensores de la democracia”. La calificación más sólida es aportada en el informe del GIEI, que detalla hechos y muestra evidencia en sentido de que “las prácticas de la RJC fueron especialmente violentas, racistas y discriminatorias” (hay hechos hasta de tortura). Decenas de videos lo demuestran.
Más allá de las narrativas y de las pasiones políticas, el caso de la RJC deja dos lecciones fundamentales. La primera es que no se puede tolerar la formación de grupos irregulares (“grupo armado paramilitar, grupo criminal”, en palabras del exejecutivo de la CIDH) que operen con violencia, intimidando y agrediendo a la población. La segunda es que, además de desmantelar de manera clara estos grupos, debe haber sanción ejemplar por acciones realizadas por fuera del marco legal y de convivencia en democracia.
