En Bolivia, miles de juicios por asuntos menores (deudas más o menos pequeñas, asistencia familiar impaga y otros) atiborran los juzgados de materia penal, civil y familiar, incrementando la carga procesal en un sistema ya saturado de casos. La alternativa se llama conciliación y arbitraje y, aunque no es un mecanismo nuevo, recién ha comenzado a cobrar la importancia que merece.
Se trata de un mecanismo que, según explica el Viceministro de Justicia, puede resolver desde la devolución de una garrafa de gas hasta de miles de dólares, en conciliaciones extrajudiciales gratuitas y sin necesidad de llegar a juicios. Este mecanismo está enmarcado en la Ley de Conciliación y Arbitraje promulgada en 2015. En Bolivia hay 43 centros de conciliación y ocho de arbitraje, repartidos en los nueve departamentos.
Gran parte de las oficinas dependen del Ministerio de Justicia y se encuentran dispersas en diferentes lugares, además de las ciudades capitales, como por ejemplo Chulumani, Challapata, Tupiza, Ivirgarzama, Shinaota, Riberalta, Muyupampa y Villamontes. De todas ellas, el 55% son públicas; el 37%, privadas; y el 5% dependen de las universidades, a través de sus respectivas facultades de Derecho.
El trámite se inicia cuando una persona interesada va a alguno de los centros de conciliación y expone su caso; se emite una “invitación” a la otra parte para que acuda al centro en procura de un pacto. De aceptarse la invitación, se realizan las audiencias necesarias en busca de un convenio y la firma de un acta que, por ejemplo, fija plazos y fechas de devolución de préstamos u otro tipo de deudas, incluyendo las de asistencia familiar. Una vez acordadas, las actas de conciliación son homologadas en juzgados del área familiar. Cuando no hay acuerdo, la conciliación no queda cerrada para un nuevo intento en el futuro y se elabora un acta.
Los datos del año pasado dan cuenta que los montos recuperados y/o en compromisos de pago llegaron a Bs 20,7 millones, mientras que en solo cinco meses de lo que va de 2022 la suma ya supera los Bs 11,9 millones. Según el Viceministro de Justicia, las cifras muestran la importancia de este programa dependiente de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu) y puso como ejemplo que hasta mayo de 2022 las cifras de conciliación representan 315 acuerdos, es decir, el 20,24% de las 1.556 solicitudes presentadas.
Está previsto que en el marco de la todavía pendiente reforma judicial se incorpore el mecanismo de la Justicia de Paz, que será una nueva instancia de resolución de conflictos, y en todos los casos significará un avance no solo para descongestionar juzgados, sino sobre todo para que la población aprenda a resolver sus conflictos sin necesidad de acudir a abogados y mucho menos a jueces. Es, pues, más que deseable que estos mecanismos se multipliquen, junto con la sensación de que es posible hallar justicia sin necesidad de llegar a un juzgado, donde es probable que todo se complique.
