Días atrás, el Director General de Régimen Penitenciario reconoció que el número de personas en detención preventiva, es decir privadas de libertad pero sin sentencia, subió del 64% en 2021 al 66% en lo que va de 2022, y señaló que el Gobierno considera que se trata de una muestra de “excesiva discrecionalidad” por parte del Órgano Judicial en la aplicación de esa medida legal.
Según la autoridad, dependiente del Ministerio de Gobierno, en el primer cuatrimestre de 2022 la población penitenciaria se incrementó de 18.000 a 21.506 personas privadas de libertad. La preocupación coincide con la reciente divulgación del informe de la visita a Bolivia que hizo meses atrás el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados y que hoy se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza.
En dicho informe, el Relator Especial también llamó la atención sobre la cantidad de personas privadas de libertad sin sentencia, señalando que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y que “corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal”, cosa prácticamente imposible en el país si se considera que la población de todos los penales vive en hacinamiento.
Al respecto, el director general afirmó que la excesiva cantidad de detenidos preventivos es una de las principales causas del hacinamiento en los 20 centros penitenciarios del área urbana en los nueve departamentos, en los que se registra una aglomeración que asciende al 188%. La situación es similar en los 26 centros penitenciarios provinciales, antes denominados carceletas, en los que el hacinamiento llega al 169%.
Como una forma de resolver el problema, anunció la autoridad, está previsto que en los siguientes años se construyan nuevos centros penitenciarios, al menos en las ciudades del eje, donde se concentra el 70% de la población penitenciaria. En La Paz está previsto construir nueva infraestructura en los extensos terrenos que el Ministerio de Gobierno tiene en Chonchocoro; en Santa Cruz igualmente se prevé ampliar Palmasola y en Cochabamba se construirá una nueva prisión en la región de Arani.
Estas medidas se complementarán con un nuevo intento por convertir en productivos los centros penitenciarios, permitiendo que las personas privadas de libertad tengan alguna actividad que les permita generar sus propios ingresos, en coordinación y con respaldo del Gobierno.
Sin embargo, es evidente que el problema de la injusticia estructural no se resolverá ampliando la capacidad de los penales, que en el peor de los casos producirá más incremento de los detenidos preventivos, sino desarrollando una nueva política penal, tarea que debe acompañar el tan demorado proceso de reforma judicial. Si el compromiso del Estado con los derechos humanos es sincero, estas tareas no deben seguir siendo postergadas.
