El lunes último comenzó la quinta semana de protestas y enfrentamientos entre campesinos cocaleros de los Yungas por el control del mercado legal de coca en La Paz; ese día la “institucionalidad” cruceña anunció para mañana una “cumbre” en la que se decidirán nuevas medidas de protesta; y al día siguiente el expresidente Evo Morales denunció el hurto de su teléfono móvil.
En estos tres casos, por citar solo los más actuales y relevantes en la agenda noticiosa, hay dos elementos comunes: el desprecio por la institucionalidad estatal y, asociado a éste, el menosprecio por la norma y por la autoridad. Los cocaleros no sienten que las autoridades gubernamentales sean interlocutores o siquiera mediadores en el conflicto. El Gobernador de Santa Cruz cree que puede hacer un desplante a las autoridades nacionales. El expresidente acusó al Ministro de Gobierno y no presentó denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El caso de los cocaleros no es fácil de resolver: tiene que ver con la división de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en dos facciones, una presuntamente afín al Gobierno y otra opositora, que desde el año pasado pugnan por el control del mercado legal establecido en la ley respectiva. Quienes pagan en cuerpo propio el conflicto son las y los vecinos de Villa Fátima y Villa El Carmen que ven a la Policía incapaz de controlar la violencia callejera que se repite día tras día.
En el caso de las élites cruceñas asociadas al gobierno departamental se tiene, por un lado, el desprecio de las autoridades locales por las nacionales, y viceversa, en un preocupante ejercicio de dilación de la acción política que debería conducir a un acuerdo mínimamente viable, primero, para bajar la tensión política y, segundo, para asegurar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.
Finalmente, la velada acusación que hiciera Morales contra el Ministro de Gobierno confirma una vez más que el partido en función de gobierno no es una taza de leche y que las pugnas internas siguen latentes a pesar de las multitudinarias marchas organizadas para demostrar unidad en torno al proceso de cambio, alimentando las narrativas de los operadores mediáticos de la oposición. Lo peor de todo es que el modo en que se gestiona este polémico caso deja a la Policía Boliviana en muy mala posición.
En los tres casos se observa que liderazgo hay, pero que está en manos de gente más preocupada por reforzar posiciones e intereses parciales que de construir una idea de bien común, en la que la política sea el mecanismo para resolver diferencias. El costo en términos de polarización y diseminación del desprecio por las instituciones estatales (en cualquiera de los niveles gubernativos) solo dificulta la acción estatal en temas que realmente interesan a la población, más preocupada por sus problemas inmediatos que del estado de la política, y por tanto revelan una actitud irresponsable con el país. Urge un cambio de actitud, y no solo entre los aquí nombrados.
