La quinta convocatoria para elegir al nuevo Defensor del Pueblo se hizo a sabiendas de que no habría resultado. Fue una convocatoria con una dimensión formal, para evitar responsabilidades; y una dimensión simbólica, para demostrar la reiterada ausencia de voluntad concertadora en la Asamblea. Como sea, seguimos con una autoridad interina y la política vuelve a fallar.
Si se hace invariablemente lo mismo, una, dos, cinco veces, no es posible esperar un resultado diferente. Si convocas a una sesión decisoria que requiere dos tercios, sin haber construido previamente dicha mayoría, debes saber que no obtendrás los dos tercios. Y no habrá decisión. Así ocurrió el jueves pasado con el quinto intento, nuevamente malogrado, de resolver el bloqueo en torno a la elección del Defensor del Pueblo. Los números no se movieron. ¿Para qué, entonces, se hizo la convocatoria?
La razón evidente tiene que ver con la necesidad de atender una acción legal. Al haber una resolución de una sala constitucional que exhorta directamente a la cabeza de la Asamblea Legislativa que se realice la elección inmediata de la nueva autoridad, la convocatoria libera de responsabilidad al Vicepresidente del Estado. Y la transfiere al pleno de senadores y diputados. No se buscaba, pues, elegir, sino dejar constancia de la imposibilidad de hacerlo. Es un típico escenario de parálisis decisoria.
Pero hay también una razón más bien simbólica y discursiva. Se trata de reafirmar posiciones. La bancada mayoritaria del MASIPSP ratificó su decisión ( finalmente unitaria) de optar por el postulante que obtuvo la mayor calificación de méritos. Las bancadas minoritarias, en tanto, revalidaron su decisión de impedirlo: Comunidad Ciudadana votó por la candidata de Mesa y Creemos se quedó en la trinchera del voto en blanco. La lógica es más testimonial que política. Y el quinto round fue idéntico al precedente.
La decisión continúa en “cuarto intermedio”. Y seguirá así por semanas (o años) mientras el MAS-IPSP no se abra a un acuerdo integral que implique blindar la institucionalidad respecto a los defensores adjuntos y delegaciones departamentales; y en tanto CC y Creemos sigan suponiendo, entre la ingenuidad y la impotencia política, que ganan algo al vetar los dos tercios. Es un juego de suma cero donde todos pierden, empezando por la Defensoría impedida de iniciar un nuevo ciclo con autoridad titular.
Esta lógica de bloqueo y parálisis decisoria, propia de órganos polarizados, no se queda en el solo acto: marca tendencia. No puede esperarse pues razonablemente que haya dos tercios para elegir a otras autoridades (como el Contralor del Estado). Y menos para decisiones con mayor efecto político, como la autorización de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto. ¿Se trata de la evidencia de una crisis de representación? No necesariamente. Pero sí es un fracaso de la política.
