Un grupo de personas que se atribuye la representación cívica decidió desestabilizar el país en octubre si el gobierno del presidente Arce no atiende sus exigencias. Van a la cola del cabildo departamental anunciado para fin de mes por las entidades cruceñas controladas por el gobernador Camacho. La bandera visible es el Censo 2023, pero ya van agregando nuevas demandas.
Reunidos en la ciudad de Trinidad, una parte, y por Zoom, la otra, los integrantes del autodenominado Consejo Cívico Nacional resolvieron que desde el 17 de octubre próximo iniciarán el bloqueo de carreteras, fronteras e instituciones públicas a nivel nacional. Nada menos. Las medidas de presión arrancarán el 3 de octubre, según cronogramas definidos por la dirigencia cívica en cada departamento. De partida, apoyan las determinaciones del Comité Cívico cruceño y su convocatoria a cabildo.
¿Cuáles son las demandas de la dirigencia cívica que, excepto en Santa Cruz, no fueron concertadas con nadie en los departamentos? La primera es la exigencia de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda el 28 de junio de 2023. Esta fecha, por supuesto, es una consigna, pues no responde a consideraciones técnicas. Tampoco toma en cuenta las consultas realizadas por el Ministerio de Planificación con gobernadores, alcaldes y rectores del país, que en gran mayoría apoyan el Censo 2024.
Pero hay una segunda demanda, planteada de manera genérica: “que el Gobierno autoritario del MAS pare la persecución política”. La premisa es que los dirigentes cívicos, políticos y sociales que no comulgan con el oficialismo están siendo perseguidos y encarcelados. La resolución del Consejo Cívico no menciona ningún caso específico de “persecución política”, pero enfatiza su denuncia y rechazo a la “actitud represora y clasista” (sic) del Gobierno central. No hay novedad en el discurso cívico.
Así pues, en tanto no se derogue el Decreto Supremo 4760 (que establece la realización del Censo como máximo entre mayo y junio de 2024) y no “pare la persecución política”, nos espera un mes de octubre con aprestos de desestabilización (Camacho habló incluso de “desobediencia civil”). Habrá que ver si la sociedad, las organizaciones y las instituciones apoyan y en su caso acompañan estas determinaciones unilaterales de dirigentes cívicos (varios de ellos autonombrados y poco representativos).
Hasta ahora, la respuesta usual del Gobierno nacional ha sido ignorar las demandas y ultimátums de los cívicos. No parece que en este caso vaya a ser diferente. Está cerrada, pues, la posibilidad del diálogo para buscar acuerdos. Se encaminan, en consecuencia, las pulsetas de demostración de fuerza y un probable nuevo escenario de conflicto, en especial en Santa Cruz. Como la bandera del Censo no basta, lo más seguro es que se agreguen otras exigencias. Veamos qué sale del cabildo del 30 de septiembre.
