Quiérase o no, era previsible que el cambio en la administración del Sistema de Pensiones en el país sería conflictivo, no solo por el ostensible retraso en el inicio de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, sino sobre todo por la incertidumbre que tal cambio puede causar entre los sectores de pensionistas, que temen ver su jubilación amenazada.
Lo que no podía ser previsible del todo era el hecho de que los sectores hoy movilizados en contra de la Gestora y de las decisiones gubernamentales asociadas a su funcionamiento fuesen dos que se supone son la “vanguardia” de la clase obrera: mineros asalariados y maestros urbanos, que esgrimen su temor a que el Estado demuestre una vez más ser un mal administrador. Se trata del típico argumento neoliberal que justifica las privatizaciones.
Según información difundida por el Gobierno, las dos administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), contratadas en 1997 en el marco del proceso de privatización de las empresas públicas estratégicas, conocido como “capitalización”, no solo incumplieron su promesa de generar utilidades anuales de entre 10% y 11% (actualmente el rendimiento promedio de los fondos de pensiones es de 2,5%), sino que tienen una deuda combinada de más de $us 80 millones por multas.
Asimismo, informó la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, las dos AFP que operan en el país se llevaron, desde 1997, más de $us 224 millones que lograron en utilidades; agregó la autoridad que solo en el último lustro la ganancia promedio fue de $us 20 millones anuales. A eso debe sumársele un proceso arbitral ganado por una de ellas al Estado boliviano, pese a que sigue operando en el país y recogiendo sus jugosas utilidades.
Al ya señalado argumento del Estado como mal administrador, los mineros asalariados, de Colquiri primero y de Huanuni después, han manifestado su oposición a la decisión de transferir las utilidades de la Gestora (y de las empresas públicas) al Tesoro General de la Nación para reforzar el pago de bonos, como la Renta Dignidad. Los argumentos, más allá de la desconfianza y el ostensible deseo de participar en la toma de decisiones como miembros de los respectivos directorios, son poco claros.
El conflicto se ha instalado en las calles de La Paz, y existe la amenaza de llevarlo a las carreteras en forma de bloqueo, mientras que los dirigentes, intransigentes en su posición, acusan al Gobierno de ser el inflexible. Actitud similar a la adoptada por la dirigencia cívica cruceña con relación al Censo.
Tiene el Gobierno varios frentes de conflicto que resolver con más o menos urgencia; este es uno en los que el tiempo le juega a favor, y sin embargo deben las autoridades del área hacer más y mejores esfuerzos por demostrar las bondades de la Gestora (además de asegurar una correcta administración de los fondos), pues de lo contrario su funcionamiento estará plagado de obstáculos.
