Lo sucedido el martes en La Guardia, municipio vecino y parte del conurbano de Santa Cruz de la Sierra, no es más que el anuncio de lo que puede suceder con más frecuencia y creciente enojo si el paro cívico impulsado por el Comité Institucional por el Censo, nuevo nombre de los poderes fácticos que gobiernan Santa Cruz, se prolonga más. Hay quien se beneficia con la violencia.
Fue el Ministro de Gobierno quien dijo en conferencia de prensa lo que muchas personas temen: la violencia se puede desbordar. En La Guardia, denunció, algunas personas ligadas a los actos de violencia, pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista, que supuestamente intentaban evitar el ingreso de una columna de campesinos, destruyeron el Comando Policial del municipio, dañaron seis coches patrulla y supuestamente llevaban armas de fuego, pues dejaron marcas de bala.
Prontamente las nueve personas detenidas por estos hechos de violencia se convirtieron en el obstáculo para la instalación de un nuevo intento de diálogo propuesto por el Gobierno para ayer por la noche. Los operadores mediáticos del Comité cruceño pusieron el énfasis en una sola de las partes en conflicto a fin de reforzar la narrativa de la “protesta pacífica”, que no lo es a causa de innumerables muestras de intolerancia y agresividad en las calles bloqueadas, como el impedir el paso de ambulancias y automóviles que transportan a personas enfermas.
Lo del martes es solo el más reciente capítulo de violencia con interés mediático. Días antes, el viernes último, se vio las imágenes del Subgobernador de la Chiquitanía agrediendo con látigo a mujeres ayoreas a quienes además insulta con evidentes muestras de racismo. La violencia en esas tierras se tiñe, pues, de los peores matices y también es señal de un espíritu feudal que no se ha erradicado.
El mismo fin de semana, al cumplirse la primera semana de paro, el Gobernador de Santa Cruz aludió a una “lista de traidores” que merecerán “muerte civil”; más pronto que tarde las redes sociales se llenaron de listas con hasta 33 nombres, entre ellos el de la Ministra de la Presidencia, cruceña y con apellido de familia influyente, y del Alcalde de la capital. No es la primera vez que se confeccionan estas listas, que hablan más de quienes las producen que de quienes son incluidos en ellas. Es una de tantas muestras de déficit democrático y exceso de autoritarismo.
El recurso de la violencia beneficia a quienes no desean una salida negociada al conflicto (que más de uno quisiera ver convertido en crisis), a fin de ganar tiempo, caldear los ánimos, dar motivos a los movilizados para persistir en la protesta, profundizar en los esencialismos que supuestamente dan sustento a la identidad regional, racializar al adversario e identificar un “enemigo” común, ese que desde los discursos extremistas no merece más que tratamiento violento si es que no intentos de eliminación. Difícil que florezca el diálogo en esas condiciones.
