A solicitud del Ministerio de Justicia, un juez cautelar de la ciudad de El Alto decidió incluir a la expresidenta provisoria Jeanine Áñez en el juicio ordinario por la masacre de Senkata. Esta decisión implica abandonar el camino de un juicio de responsabilidades originalmente planteado por el oficialismo y condicionado por la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Dos días después de su autoproclamación como presidenta del Estado, Áñez y su gabinete aprobaron el Decreto Supremo 4078, eximiendo de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participara en los operativos para “el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”. Amparadas en ese decreto, fuerzas combinadas de militares y policías produjeron las masacres de Sacaba y Senkata, con más de 20 muertos por bala, incluidas ejecuciones sumarias, y decenas de heridos.
Con el retorno de un gobierno elegido democráticamente, en noviembre de 2020, se instaló la exigencia de verdad, justicia, reparación para las víctimas y garantía de no repetición por las masacres del régimen de Áñez. El primer impulso del oficialismo fue encausar un juicio de responsabilidades, previsto en la normativa para el procesamiento de la o el presidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Había coincidencia, entonces, en que correspondía un juicio de privilegio.
En ese marco, siguiendo el procedimiento establecido por ley, se activaron a denuncia cinco proposiciones acusatorias contra la expresidenta, incluida una por las masacres. Tales requerimientos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa, solicitando la autorización de juzgamiento. El proceso quedó paralizado debido a que las fuerzas de oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) condicionaron los necesarios dos tercios, lo cual, en los hechos, significó un veto a la vía del juicio de responsabilidades.
Sin guardar coherencia e ignorando la normativa, el Gobierno abandonó la alternativa de juicio de responsabilidades para Áñez y optó por su procesamiento en la Justicia Ordinaria. La premisa es que su autoproclamación como presidenta fue inconstitucional y, por tanto, se trató de un régimen de facto. Así, luego de la sentencia por el caso Golpe de Estado II y tras allanarse un proceso penal por el caso EBA, se planteó su inclusión en el juicio ordinario por la masacre de Senkata, como finalmente ocurrió.
Más allá de interpretaciones jurídicas y cálculos políticos sobre la constitucionalidad o no de un proceso ordinario contra Jeanine Áñez, lo cierto es que han transcurrido más de tres años desde que en noviembre de 2019 se produjeron dos masacres en su gobierno, ampliamente documentadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La exigencia pronta se llama verdad y justicia. La expresidenta y los suyos deben ser enjuiciados con apego a la Constitución y la ley.
