En las siguientes semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar el nuevo reglamento de selección de postulantes para las elecciones judiciales. Con ese reglamento vendrá la convocatoria, que incluye dos fases. Hay señales de acercamiento entre el oficialismo y la oposición, pero también anticipos de una ruptura que podría malograr y hasta bloquear el proceso.
La noticia más reciente sobre las elecciones judiciales 2023 es que los asambleístas del MASIPSP, de CC y de Creemos estarían haciendo consultas internas a fin de lograr algún acuerdo en torno al controvertido Reglamento. Existe convergencia en los plazos y podrían ajustarse los requisitos (hoy con observaciones), pero el punto crítico es la instancia de selección de los postulantes. El proyecto oficial de reglamento fue enviado al sistema universitario para su examen. Y se anuncia su socialización.
El espacio decisorio sobre esta cuestión radica en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea. Además de la propuesta de reglamento presentada por la bancada del MAS-IPSP, hay proyectos elaborados por las fuerzas políticas de oposición. En general, tanto la presidenta de la comisión como sus integrantes expresaron voluntad de diálogo para buscar “el mejor reglamento”. Pronto sabremos si esa intención se convierte efectivamente en un reglamento concertado y, por tanto, se allanan las elecciones.
La experiencia reciente en la designación de autoridades en la ALP ha tenido diferentes caminos y resultados. En el caso del Defensor del Pueblo, se inició con un gran acuerdo político y reglamento de consenso. La selección de postulantes avanzó bien hasta la etapa final, donde hubo ruptura. El nuevo Defensor fue elegido solo con los votos del oficialismo. En el caso del Contralor General, no hubo acuerdo desde el principio. Hay postulantes, pero la elección está paralizada por ausencia de dos tercios.
¿Qué camino podría seguir el proceso de selección de postulantes para la elección popular de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura? No lo sabemos de cierto. Por ahora el MAS-IPSP parece haber descartado las propuestas de la oposición, que en esencia delegan a una instancia externa la fase de preselección. Los opositores, a su vez, parecen haberse atrincherado en sus propuestas: o las aprueban o vetamos todo.
En las próximas semanas sabremos si los representantes electos en la Asamblea tienen la voluntad y la capacidad política para concertar un reglamento y la convocatoria a las próximas elecciones judiciales. Si no hay acuerdo, es probable que la selección de postulantes avance a tropezones, pero se paralice a la hora de elegirlos por dos tercios. Ello, a su vez, podría bloquear la propia votación popular prevista para octubre, con terribles consecuencias para una administración de justicia en crisis.
