Aprovechando la visita de la CIDH al país, se realizó un polémico desagravio a los exvocales electorales. Para el oficialismo, constituye un hecho de reparación, pues, en su criterio, en las elecciones de 2019 no hubo fraude. Para la oposición, el acto mismo, con la presencia de un comisionado, es un agravio. Creen que los exvocales no lo merecen. O peor: no tienen derechos.
El 10 de noviembre de 2019, tras conocerse el madrugador informe del grupo de Almagro sobre el proceso electoral —calificada de “auditoría”—, el todavía presidente Evo Morales anunció en conferencia de prensa que había decidido renovar la totalidad de vocales del TSE. Y delegó el procedimiento a la Asamblea Legislativa. Poco después, el Fiscal General instruyó el juzgamiento de todos los vocales, nacionales y departamentales. Y se inició su detención arbitraria, exhibiéndolos enmanillados como trofeo.
No había ninguna investigación, ni proceso penal, ni menos una imputación contra los exvocales, y ya se había decidido removerlos ilegalmente de sus cargos, además de su encarcelamiento. Se presumió su culpabilidad, no su inocencia; desde la primera actuación fiscal se negó su derecho a la defensa; se ignoró el debido proceso, pues había sentencia previa por presuntos “ilícitos penales y/o electorales”. Todo con arreglo a los “hallazgos preliminares” de un informe político del secretario general de la OEA.
Tras casi dos años de juicio sin elementos probatorios del supuesto “fraude”, los exvocales fueron sobreseídos y se archivó el caso. Pero se habían violado sus derechos. En su valioso informe al respecto, el GIEI identificó un “patrón de persecución” en la totalidad de casos en contra de los vocales electorales. Advirtió también un uso arbitrario de la detención preventiva, “serias irregularidades procesales” y diversas arbitrariedades por parte de fiscales, policías e instancias judiciales.
Es cierto que los exvocales dañaron la institucionalidad electoral y pusieron en riesgo la integridad de los comicios, en especial con la imperdonable decisión de suspender la transmisión de resultados preliminares. Pero ni el informe de Almagro ni documento alguno atribuía responsabilidad individual sobre las presuntas “irregularidades” de la elección. Así, desde su apresamiento arbitrario y tosco, como señala el GIEI, se vulneraron derechos, entre ellos de presunción de inocencia, honra y dignidad.
¿Debió el Ministerio de Justicia organizar un desagravio a los exvocales justo cuando llegó la misión de la CIDH? ¿Y debió participar su relator en tal acto público? La interminable disputa de interpretaciones sobre la crisis de 2019 bloquea cualquier posibilidad de respuestas no polarizadas. Quizás la mejor y única respuesta razonable y justa sea la del propio comisionado Joel Hernández cuando le preguntaron de qué lado estaba, si fraude o golpe. “De la reparación integral de las víctimas”, dijo.
Se presumió su culpabilidad, no su inocencia; desde la primera actuación fiscal se negó su derecho a la defensa.
