Transcurridos tres años y cinco meses desde las masacres de Sacaba y Senkata, finalmente se registran avances para que haya justicia, esto es, se investiguen y esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.
En ese marco se sitúa la imputación de la expresidenta Jeanine Áñez, que se produce en la justicia ordinaria y no en un juicio de responsabilidades. En noviembre de 2019, dos días después de su autoproclamación inconstitucional como presidenta, Áñez y su gabinete emitieron el Decreto 4078. Con ese aval, eximidos de responsabilidad penal, efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía dispararon a matar, realizaron ejecuciones sumarias y torturaron a la población civil en Sacaba (15 de noviembre) y en Senkata (19 de noviembre). Fueron masacres, luego certificadas en el riguroso informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En aquel momento, las masacres fueron justificadas por voceros del gobierno en nombre de la “pacificación”. Y se contó con el silencio y/o narrativas de legitimación por parte de varios operadores mediáticos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, las iglesias, los comités cívicos, los conades y casi todos los políticos de oposición al MAS-IPSP. Son emblemáticas al respecto expresiones como “se dispararon entre ellos”, del entonces ministro Murillo, o “fuego cruzado”, de un diario amigo del régimen.
La recuperación del cauce democrático en las elecciones de octubre de 2020 permitió avanzar en la exigencia irrenunciable de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Hubo un momento clave cuando la Fiscalía General presentó una proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra Áñez y los suyos. Pero la disputa política, en especial el veto de CC y de Creemos que bloqueó los dos tercios requeridos en la Asamblea Legislativa, forzó el cuestionable camino de la justicia ordinaria.
En ese contexto, si bien persiste el debate sobre la instancia que debe juzgar a la expresidenta (quien exige un juicio de responsabilidades y no reconoce al juez ni a la comisión de fiscales que tramitan los casos), es evidente que el trámite penal por las masacres continuará en los juzgados de Sacaba y de El Alto. Además de Áñez, hay varios comandantes militares y policiales imputados. Y seguramente se ampliará la investigación a los 11 ministros que firmaron el Decreto 4078, hoy varios de ellos prófugos.
Aunque algunos opositores y sus medios siguen hablando de “enfrentamiento”, en Sacaba y Senkata se produjeron masacres. Así lo verificó in situ una misión de la CIDH, luego fue documentado en un amplio informe defensorial y se corroboró con abundante evidencia en el informe del GIEI. En tales masacres fueron asesinadas 20 personas y hubo centenas de heridos. Todos por armas de fuego. Por ello la exigencia de justicia contra quienes avalaron, ordenaron, dispararon. Con impunidad no hay democracia.
