La dirigencia de Comunidad Ciudadana (CC) desconoció a su senadora Silvia Salame por no haber votado para censurar al ministro Lima. El caso ilustra la imposibilidad, tanto en el MAS-IPSP como en la oposición, de que algún asambleísta pueda alejarse de la “línea oficial” de la organización. Así, la vertical disciplina partidaria se impone sobre el derecho a la disidencia.
Es curioso ver cómo quienes se dicen abanderados de las libertades y de la necesidad de alcanzar acuerdos políticos condenan y castigan a quienes osan apartarse del “mandato orgánico”. En esa lógica, cualquier acercamiento entre oficialistas y opositores, ni hablemos de pactos, es calificado como traición y hasta de transfuguismo. Así ocurrió con la aprobación, por ejemplo, de la Ley del Censo el año pasado y de la Ley del Oro hace poco. En ambos casos se activaron verdaderas “cacerías de tránsfugas”.
Es evidente que las dirigencias esperan que las y los asambleístas electos en sus listas, bajo su sigla, mantengan lealtad al partido o alianza y, en consecuencia, voten disciplinadamente en sintonía con la línea decidida o impuesta. La premisa es que las y los representantes se deben a la organización política. Y está claro que un representante electo por una organización no puede pasarse a otra o declararse independiente. ¿Pero se convierte en un tránsfuga cuando disiente de la línea oficial?
En el caso de la senadora Salame, CC conocía por anticipado su decisión personal de no censurar al ministro de Justicia. Justificó luego públicamente su voto: las preguntas de la interpelación no eran precisas ni objetivas, la censura no soluciona el problema de la justicia, su compromiso es con el pueblo de Chuquisaca, la censura fue avalada por la fracción evista del MAS. No fue suficiente. La dirección nacional de CC comunicó a Salame en una carta que todo lo que haga es ajeno a la organización.
Si bien la carta de CC a Salame parte señalando que el voto disidente en la interpelación califica como causal de transfuguismo y que el espacio de representación pertenece a la alianza (como establece la Ley de Organizaciones Políticas), al final solo habla de alejamiento y no de expulsión. ¿Se animarán a reclamar el curul de Salame como hizo en su momento la cúpula del MAS-IPSP con el diputado Cuéllar, cuyas expresiones disidentes son celebradas por la oposición y sus operadores mediáticos?
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Con la memoria puesta en las coaliciones del pasado, el pacto continúa siendo hoy una mala palabra. Cualquier proximidad es sinónimo de “componenda” y toda convergencia es vista como “traición”. Así ocurre cuando arcistas y opositores votan juntos, o cuando lo hacen opositores y evistas, incluso ahora cuando el masismo vota en bloque, o cuando algunos asambleístas de oposición “le hacen el juego al MAS” (sic). Tanto el derecho a la disidencia como el acuerdo político están vetados en la Asamblea.
