La censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, seguida de su reposición en el cargo por parte del presidente Arce, tras la formalidad de su destitución, marca un punto de quiebre en la disputa interna en el MAS-IPSP. Y establece un escenario de gobierno dividido toda vez que el oficialismo, en los hechos, no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
A reserva de los antecedentes y del debate político y jurídico sobre los efectos de la censura a la vista de una ley, una sentencia constitucional e incluso un proyecto de ley en la materia, el ruidoso caso Del Castillo deriva en una consecuencia crítica: la bancada evista se ha instalado abiertamente en el campo de la oposición. Así, la bancada arcista queda en minoría. Mala noticia para la gobernabilidad en un contexto de crisis. Habrá dificultades para la aprobación de leyes necesarias y urgentes.
Respecto a los antecedentes, se ha mencionado que la autoproclamada expresidenta Áñez hizo exactamente lo mismo, con mucha crítica: cesó formalmente a sus ministros censurados (de Defensa, de Gobierno y de Educación) e inmediatamente los restituyó en el cargo. Incumplió la Constitución. Se señaló también que el expresidente Morales, tras la censura de dos ministros en el Senado (de Hidrocarburos y de Gobierno), no aceptó su renuncia. El texto constitucional de entonces lo habilitaba para el efecto.
En cuanto al régimen de Áñez su maniobra no tuvo efectos para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, que siguió bajo control de una mayoría especial del MAS-IPSP. Tampoco hubo consecuencias para la gobernabilidad en el caso del primer gobierno de Morales, pues el Senado continuó con mayoría de la oposición. El asunto que nos ocupa es diferente. La declaratoria de guerra entre las dos facciones del masismo, con alta beligerancia verbal, puede conducir a una situación de parálisis y bloqueo.
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Si ya era crítica para el oficialismo la creciente disputa interna cuyo núcleo es la candidatura presidencial 2025, ahora son preocupantes los efectos institucionales y decisorios del distanciamiento declarado entre evistas y arcistas en la Asamblea. El gobierno de Arce necesita la aprobación de leyes fundamentales, en especial para enfrentar la crisis económica, además de créditos y otras normas. ¿La bancada afín a Evo hará mayoría con CC y Creemos para frenar o condicionar esa agenda legislativa?
Más allá de la retórica de unos y otros que señalan “traidores” y hablan de “planes negros”, el gran desafío político hoy es la voluntad de los actores relevantes para garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad en un contexto incierto y adverso. Ya ni pensemos en grandes reformas o en mayorías de dos tercios para elegir autoridades, encaminar juicios de responsabilidades o preseleccionar postulantes. El caso Del Castillo no es solo un episodio de demostración de fuerzas, sino un punto de quiebre.
