La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) está en crisis. Además de la división interna y su falta de renovación, ha asumido posicionamientos que están lejos de los derechos humanos, como la defensa de quienes ejecutaron las masacres de Sacaba y Senkata. La disputa hoy se concentra en la ocupación de la sede. Urge recuperar su institucionalidad.
Desde su fundación como entidad civil en 1976, durante la dictadura de Banzer, la APDHB fue un actor relevante en la protección de los derechos humanos en el país. Tuvo una participación muy significativa en la lucha por la transición a la democracia. Y luego, durante el período de la llamada democracia pactada, la Asamblea Permanente, junto con la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal, fueron centrales en la mediación para la solución de conflictos y la construcción de acuerdos.
La tradición de lucha de la Asamblea en defensa de los derechos es pues innegable. O era. Durante la crisis del 2019 y después, la APDHB, a la cabeza de la señora Amparo Carvajal, ha tenido intervenciones cuestionables. En octubre de 2019, por ejemplo, pidió la intervención de policías y militares; y en un curioso comunicado en marzo de 2021, Carvajal convocó a “elevar un grito” (sic) en defensa de la Policía y las Fuerzas Armadas. Luego calificó a un grupo paramilitar como “una resistencia necesaria”.
Hoy la APDHB está en su peor momento. Un grupo afín al oficialismo se atribuye la presidencia y la representación legal de la entidad; y lo mismo hace el grupo de Carvajal, desde las filas de la oposición. La disputa llegó a la posesión física de la sede de la Asamblea en La Paz, ocupada desde principios de junio por un grupo, y que busca ser recuperada por el otro grupo. La imagen más emblemática de esta crisis interna se produjo cuando la señora Carvajal se subió a la terraza del inmueble, donde permanece.
Diferentes actores institucionales han manifestado su disposición a mediar en el conflicto para lograr una solución de compromiso que permita recuperar la institucionalidad de la Asamblea. Pero activistas de uno y otro lado, incluso con violencia, mantienen posiciones maximalistas. No les importa la institución ni la salud de la señora Carvajal (que tampoco quiere recibir atención médica ni alimentos), sino quedarse con la sede. Esa “victoria”, ciertamente, no solucionará la crisis de la entidad.
La APDHB es de alta importancia para la defensa de los derechos y la democracia en el país. Por ello resulta deplorable que se haya convertido en botín político de quienes, desde el oficialismo y la oposición, buscan su instrumentalización. Es fundamental que, con arreglo a su estructura orgánica y estatutos, de manera pacífica y democrática, resuelva sus diferencias internas y sea nuevamente lo que dejó de ser: una Asamblea Permanente sin camiseta partidaria al servicio de los derechos humanos.
