En las últimas cuatro décadas, la vida política de Bolivia nos ha enseñado que una alianza entre pueblos indígenas, campesinos y trabajadores de las ciudades con un sector de la clase media comprometido en el acompañamiento a ese bloque popular desde los saberes humanísticos, jurídicos, políticos y sociales, podía generar círculos virtuosos en espiral ascendente que permitieran estructurar un país dialogante y eficaz en la desactivación de todas las formas de racismo y de discriminación que han traído consigo desmembramientos territoriales, saqueo de las riquezas naturales, masacres en defensa del orden establecido y el capital, y violencia política en nombre de la libertad entendida e impuesta desde el conservadurismo y el liberalismo a lo largo y ancho de nuestra historia.
Los progresistas bolivianos que pusieron todas las fichas en la ruleta del “proceso de cambio”, desempeñaron roles de un notable activismo político y de gestión pública, para que la realidad de la inclusión social y la ciudadanización de conglomerados marginalizados se materializara en tareas que comenzaron con el cumplimiento de la llamada Agenda de Octubre (2003), la generación de un proceso constituyente y el cambio de matriz de políticas económicas que mutara de capitalizaciones y privatizaciones a nacionalizaciones, redimensionando así el tamaño del Estado y su gravitación en la sociedad, lo que dio lugar a la puesta en vigencia de políticas públicas con objetivos de equidad en la redistribución de los ingresos nacionales como nunca antes había sucedido.
Para que esto fuera posible, no fue el Movimiento Al Socialismo (MAS) el iniciador de esta que en su momento se constituyó en gesta épica. La base política de sustentación en el triunfo electoral primero y en la definitiva toma del poder a continuación, tiene su origen en el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) que delineó su andadura a través del pueblo organizado a través de sindicatos que constituyen movimientos sociales respaldados por un discurso emancipatorio y de reivindicación de las mayorías que encontró en el Pacto de Unidad conformado por campesinos, indígenas, interculturales (antes llamados colonizadores) y mujeres, el aparato organizativo que relegó a la Central Obrera Boliviana (COB) a un rol de acompañamiento ideológico y político, y que alcanzó tan grande potencia, al punto de haber legitimado en las calles, en las carreteras y en las zonas rurales del país todas las acciones que luego, el engarzamiento del MAS con el IPSP, llevaría adelante Evo Morales en su periplo gubernamental de casi tres lustros.
Para la prosecución fluida y convincente de la llamada “revolución democrática y cultural” era necesario que el rasgo decisionista, predominante en la acción política de Evo Morales como Presidente, encontrara sentido estratégico con prospectiva de largo plazo en la continuidad y la alternancia, cosa que no sucedió porque ese decisionismo eligió la ruta de la búsqueda de una repostulación contra viento y marea que estuvo expresada en el violentamiento de la decisión de un No a esas pretensiones en un plebiscito y en un garrafal error traducido en invento constitucional acerca de una candidatura presidencial, entendida esta como un derecho humano, enfoque que dio lugar al golpe de Estado de noviembre de 2019 y a una posterior decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, rectificando la gansada del Tribunal Constitucional de nuestro Estado Plurinacional: “La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos” (agosto, 2021).
A dos años de la respuesta de la Corte Interamericana a solicitud de opinión consultiva del gobierno de Colombia, Evo Morales ha decidido que la continuidad y alternancia a la que se vio obligado para la nominación del binomio Arce-Choquehuanca (2020) ha llegado a su fin y estamos a las puertas de que pueda suceder lo hasta hace pocos meses inimaginable con una confrontación entre facciones campesinas por el control de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Con semejante cuadro de situación, el peligro del desencanto en un proceso en el que se creyó fervientemente se encuentra instalado. Evo quiere volver a ser candidato y el presidente Arce no se pronuncia acerca del que sería su legítimo derecho a la reelección en 2025.
El Pacto de Unidad se va desfigurando en el divisionismo capaz de aplastar ambiciosos proyectos histórico políticos. Ante situación de tan penosa gravedad, solo queda citar a Fidel Castro: “Frente a un enemigo que ataca, la división no tiene ninguna razón de ser y ningún sentido. Y en cualquier época de la historia, hasta que las revoluciones se hicieron conscientemente, como fenómeno plenamente comprendido por los pueblos, la división frente al enemigo no fue nunca estrategia correcta, ni revolucionaria, ni inteligente.”
Julio Peñaloza Bretel es periodista
