La semana pasada, el Senado sorprendió al país con la aprobación por consenso de un proyecto de ley para la convocatoria a las elecciones judiciales. El acuerdo logrado se bloqueó pronto en la Cámara de Diputados, donde arcistas y radicales de la oposición pusieron condiciones y trabas a la aprobación de la ley. Los ya postergados comicios, otra vez, están en suspenso.
Los obstáculos a las elecciones judiciales 2023, que en principio debían realizarse en octubre de este año, se iniciaron hace tiempo. Primero por falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que derivó en una convocatoria aprobada solo por el oficialismo. Y luego por recursos judiciales que congelaron el proceso durante más de cuatro meses. La estocada final la dio el TCP con una tardía decisión y el mandato de que la convocatoria debía hacerse por ley aprobada por dos tercios.
En ese contexto, si en el actual contexto de polarización entre oficialismo y oposición, y de disputas internas en el MAS-IPSP, ya es difícil construir una mayoría absoluta en la Asamblea, parecía inviable un gran acuerdo político para lograr los dos tercios requeridos para destrabar y encaminar las elecciones judiciales. Se logró en la Cámara de Senadores con la aprobación del Proyecto de Ley 144, “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”. Fue una valiosa señal de concertación.
Como se temía, el acuerdo entre las diferentes bancadas no se mantuvo en la Cámara de Diputados. Y pronto la esperada aprobación de la ley quedó nuevamente paralizada. Algunos asambleístas de la oposición condicionaron las elecciones judiciales a la norma para garantizar la interpelación de los ministros, embargada por una inconstitucional decisión de dos jueces. En tanto que los operadores del arcismo, a la cabeza de un diputado acusado de abuso sexual, maniobraron para dilatar el proceso.
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Hoy el proyecto de ley, que debió aprobarse de manera expedita en Diputados para la convocatoria a las elecciones judiciales, fue enviado “en consulta” al TSE, al Tribunal Constitucional, al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema de Justicia. Dependiendo de los tiempos y buena voluntad de estos órganos, se espera que respondan en 10 días. Así, las elecciones siguen congeladas en la Comisión de Constitución. Ya no se harán en 2023, ni tampoco en enero de 2024. Es un juego oscuro y peligroso.
Mientras tanto, las altas autoridades electas en 2017 para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura cuentan sus últimos meses de mandato. El próximo 2 de enero los cuatro órganos quedarán acéfalos, a no ser que se opere alguna salida inconstitucional para prorrogarse. Es una muestra más de la crisis estructural de un sistema que está lejos de administrar justicia. Continúa siendo la hora de los diputados.
