La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está lejos de ser el lugar donde se delibera, se legisla, se fiscaliza. Al contrario, es cada vez más un ámbito de agresiones e insultos, de parálisis, de creciente desconfianza. Las pugnas políticas entre facciones y la injerencia del Órgano Judicial están degradando y debilitando a la ALP. Es un riesgo para la democracia.
El desencuentro, las disputas, la falta de acuerdo suelen ser normales y hasta previsibles en un Órgano Legislativo, en especial entre el oficialismo y la oposición. Pero también se espera que haya debate plural y puntos de convergencia que permitan aprobar leyes y desarrollar acciones de fiscalización. Ello no está ocurriendo en la ALP, que en los últimos meses se ha convertido en un espacio de obstrucción y polémica. Así, nos aproximamos a una situación de parálisis y bloqueo institucional.
Más allá de la tenaz incapacidad de las bancadas del MASIPSP, de Comunidad Ciudadana y de Creemos para construir acuerdos sobre temas de interés colectivo, la división en el oficialismo entre asambleístas afines al presidente Arce y otros afines al expresidente Morales está generando lo que se conoce como “gobierno dividido”. Nos referimos al hecho de que el Gobierno está en minoría en la Asamblea y, por tanto, tiene dificultades y trabas para viabilizar su agenda legislativa. No es algo nuevo.
Esta situación se formalizó el viernes en una malograda sesión en la Cámara de Diputados. Durante 11 horas, los asambleístas se ocuparon de intercambiar acusaciones y culpas en torno a dos leyes hoy estancadas: la convocatoria a las elecciones judiciales y la norma que regula la censura y sus efectos. Luego, en otras infructuosas seis horas, los diputados “evistas” y de oposición impidieron la aprobación de la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad. Una vergüenza.
La degradación de la ALP no solo es obra de sus integrantes o de la consabida injerencia del Ejecutivo, sino también de cuestionables decisiones en el Órgano Judicial. Como se sabe, las elecciones judiciales están bloqueadas por decisión de un juez y luego por una sentencia del TCP. Y ahora resulta que la ley sobre la censura a ministros también está “en consulta” en el TCP. Se produce así una peligrosa judicialización de la agenda legislativa y de fiscalización, con imprevisibles consecuencias.
Resulta muy preocupante pues el rumbo de la Asamblea, que se devalúa por el cálculo instrumental de actores políticos y judiciales que, en beneficio propio, están dinamitando la institucionalidad. El riesgo es que el primer órgano del poder público se reduzca a un ámbito de bloqueo y, por tanto, de impotencia decisoria. Eso es malo para la gobernabilidad y, por supuesto, para la democracia. Ojalá que los grupos hoy enfrentados asuman el peligro de su “guerra de posiciones” ciega y quizás sin retorno.
