El comité cívico de Santa Cruz, algunas plataformas y grupos residuales de la crisis de 2019 y actores políticos de oposición han iniciado los consabidos cuestionamientos al padrón electoral. Dicen que no es confiable y demandan la conformación de un nuevo padrón biométrico. Es una historia conocida, de manual, que se repite cada vez que se acerca un proceso electoral.
Desde hace más quince años, el padrón electoral ha sido un caballo de batalla de la oposición para deslegitimar por anticipado elecciones y referéndums, y desconocer sus resultados. El repertorio, que se va reciclando, es bastante conocido: padrón “inflado”, padrón “contaminado”, “muertos que votan”. No importa que el padrón boliviano sea biométrico y, por tanto, garantice registros únicos. Tampoco cuenta que la confiabilidad del padrón haya sido certificada por los mejores expertos de la OEA.
Hoy estamos ante una nueva fase de sospechas sobre el padrón electoral, con miras a las elecciones generales 2025 y los comicios subnacionales 2026. Era previsible. Sobre la base de mitos y falacias, voces opositoras aseguran que el padrón no es confiable y lo asocian automáticamente a la narrativa de “fraude”. En el extremo del delirio, algún periodista descalificado e irresponsable desliza que “en Bolivia hay más votantes que habitantes” (sic). Bastaría contrastar datos para demostrar lo contrario.
Con esa premisa (“no se confía en el padrón”) se renovaron en las últimas semanas diferentes demandas: que sea auditado, que se crucen datos con el registro cívico e identificación personal, que “se entreguen” las bases datos y, claro, que se elabore un nuevo padrón biométrico, justo como el que actualmente tenemos. Dicen que solo así se resolverá el “manto de dudas” existente sobre el registro electoral y tendremos comicios transparentes. El problema de fondo es que no pueden ganar una elección.
Si asumiéramos el supuesto errado de que Bolivia necesita un nuevo padrón biométrico, es fundamental garantizar algunos requisitos. El primero es financiero. Según autoridades del TSE, hablamos de 60 a 70 millones de dólares. No es poco. El segundo es de compromiso: todos los órganos públicos y organizaciones políticas debieran respaldar públicamente el desafío. Y el tercer requisito, ineludible, es de confianza. Cuidado que se haga un nuevo padrón, como el año 2009, y luego sigan diciendo “no es confiable”.
Lo que resulta impostergable, y lo saben bien los vocales electorales, es la urgente renovación de la plataforma biométrica que sostiene el padrón. Es necesario también un nuevo proceso de verificación de datos y de saneamiento. Se requiere asimismo un amplio trabajo institucional para demostrar con transparencia la confiabilidad del padrón. Por último, vendría bien otra auditoría al padrón, quizás con acompañamiento de organismos electorales de la región. Que las certezas desplacen a las falacias.
