La complicada elección de directivas camarales marca un quiebre en la agenda de la ALP. La disputa interna en el oficialismo y las disidencias en Comunidad Ciudadana y Creemos están conduciendo a un escenario de bloqueo, veto y, por tanto, de parálisis decisoria. A ello se añade la polémica decisión del TSE sobre el congreso del MAS-IPSP. Noviembre llega con incertidumbre.
La disputa por la elección de directivas, espinosa en la Cámara de Diputados y todavía pendiente en el Senado, expresan la nueva correlación de fuerzas en el órgano legislativo. Con un partido de gobierno dividido en dos facciones irreconciliables y con alianzas opositoras también fragmentadas, la construcción de mayorías es difícil y requiere acuerdos mínimos, hoy inexistentes. Así, no es posible saber qué alianzas se harán en la Asamblea Legislativa y cuán duraderas o circunstanciales sean.
El nuevo escenario de fuerzas en la ALP tendrá su primera y compleja prueba en la aprobación del presupuesto reformulado, actualmente trabado y sujeto a decisión en el pleno. Mientras el gobierno quiere una aprobación sin modificaciones, la facción evista y los opositores buscan cambios. En torno a este asunto se han realizado acusaciones y presiones desde el gobierno. Hay también desinformación sobre las razones de la demora y sus efectos. Prima por supuesto una lógica más política que técnica.
Con una bancada hoy minoritaria, al gobierno ya no le bastan las declaraciones de victimización. Del otro lado tampoco rinde el solo veto. Tienen que dialogar y convencerse a fin de construir las mayorías requeridas para la agenda de políticas públicas. Ni la amenaza ni la movilización callejera son suficientes. Y sería deplorable que la parálisis decisoria se enfrente con prebendas o, peor, en instancias judiciales. En un escenario sin mayoría oficialista, se requiere cintura política y voluntad de pacto.
Nada de ello parece posible en este momento de enfrentamiento. Peor aún con la controvertida decisión del TSE, mal tomada y peor explicada (dos vocales haciendo vocería política), de dejar sin efecto el congreso del MASIPSP y su nueva dirección nacional. Ignorando la supervisión en terreno y el informe técnico del SIFDE, los vocales instruyeron un informe complementario para avalar su decisión. Ello genera por supuesto la sospecha de que están obrando políticamente y bajo presión del gobierno.
Para completar la incertidumbre con la que llega noviembre y cierra el 2023 en el país, resurgen dudas sobre la sostenibilidad de divisas para garantizar la provisión subvencionada de combustibles. La buena noticia es que no hay gran conflictividad social. Lejos de las peleas y la retórica altisonante de actores políticos y mediáticos, la gente está más ocupada en sobrellevar el día a día. Esperemos que la voluntad de diálogo y la necesidad de acuerdos sean más fuertes de la apuesta por escenarios de crisis.
