Uno de los grandes misterios de la humanidad es por qué se prefiere, con frecuencia, complicar cosas que suelen ser simples. El psicodrama legislativo de esta semana es un ejemplo de esa fatalidad: evento desagradable que no solo era previsible sino además evitable. Después de mil vueltas, hemos retornado al mismo punto de partida y a algunos avispados recién se les ocurre descubrir que su resolución se resume a dos palabras: diálogo y negociación.
Hace unas semanas, todas las facciones partidarias en la Asamblea Legislativa se acusaban de las más rocambolescas traiciones y alianzas a propósito de la elección de sus directivas. Por su parte, algunos estrategas gubernamentales daban a entender que el control oficialista de esos espacios les garantizaba algún tipo de estabilidad en el trabajo legislativo. Dimes y diretes francamente confusos para la mayoría de los ciudadanos.
Como dice un viejo refrán, al final la única verdad es la realidad: el fraccionamiento de las fuerzas presentes en el Órgano Legislativo es un dato que no va a cambiar, no hay mayorías desde el año pasado y habrá que vivir con eso. Nos estamos estrenando en lo que los cientistas políticos llaman un “gobierno dividido”.
Los 62 votos a favor de la reformulación del Presupuesto General del Estado no son tampoco un descubrimiento, son los 46-47 diputados y 7 senadores del “ala arcista” más una decena de disidentes opositores “paraoficialistas”. Contabilidad que estaba clara hace varios meses. Fuerza significativa pero minoritaria en una Asamblea conformada por 130 diputados y 36 senadores.
Por tanto, muchas cosas no cambiaron en el escenario político con el falso afán que generaron las barrocas negociaciones por directivas. Más que un problema de gran estrategia, a esta altura del partido parece una pelea con la aritmética la que aqueja a los operadores oficialistas. Sin importar la composición de la directiva, no hay mayoría automática.
Si eso es así, entonces era obvio que no se iba a conseguir fácilmente los votos para esa norma sin una negociación y gestión política previa. Obviamente, en esos casos es válido presionar a los legisladores movilizando a los sectores supuestamente afectados, incluso acusarlos de insensibilidad o revelar datos sobre lo dañino de su indecisión, pero, por otra parte, se tiene que necesariamente conversar y negociar con los que tienen la llave del cofre.
Y digámoslo, negociar implica ceder, no se puede pretender imponer algo por muy bueno que sea en tales contextos. Alguien me dirá que eso no es quizás muy eficiente o justo para toda la comunidad, pero es lo posible en una democracia pluralista. Siempre lo posible que se puede aprobar será mejor que lo perfecto que no tiene consenso.
Mientras más rápido todos los actores políticos asuman ese nuevo estado de situación y actúen en consecuencia, el país ira encontrando una vía para resolver algunos de sus problemas en estos tiempos turbulentos. Si insisten en pedir peras al olmo y obviar los cambios en la correlación de fuerzas, el desorden se irá instalando.
Aunque mal de muchos sea un consuelo de tontos, la gestión de un “gobierno dividido” no debería ser entendido como una anormalidad democrática. Justamente, en estos días, el gobierno de Biden en Estados Unidos está ante un bloqueo similar.
Hay pues urgencia por un cambio de estrategia en todos los involucrados. El Gobierno tiene que entender que no basta con victimizarse, quejarse y ver conspiraciones por todo lado, tiene que tomar el toro por las astas, negociar, ver que es realista proponer, convencer y mantener un mínimo de contacto y conversación con todas las fracciones parlamentarias. Cierto, es más difícil que cuando metías la ley al Legislativo y se aprobaba en 24 horas, pero ya no hay más vuelta atrás. Es eso o nada.
De igual modo, ser opositor en las cámaras es hoy interesante porque tienes más poder y puedes obligar al Gobierno a explicarse y negociar si quiere avanzar en sus propuestas. Pero también aumenta su responsabilidad y los expone a la opinión pública: no basta con oponerse porque sí, hay que explicar las razones y eventualmente encontrar opciones de negociación y transacción con el Gobierno porque el país tiene que seguir funcionando. En suma, aunque tortuoso, quizás este nuevo momento augura una transición a un sistema político y país más pluralista, en caso contrario, todos perderemos.
Armando Ortuño es investigador social
