El acuerdo in extremis suscrito la semana pasada para destrabar las elecciones judiciales tropezó con la disputa por el cese de magistrados y la aprobación de créditos. Era previsible. El Gobierno busca mantener la autoprórroga y la oposición (evistas incluidos) condiciona los contratos de préstamo. Prosigue así la lógica de bloqueo con parálisis decisoria en la ALP.
Tras cinco días de debate y bajo presión del bloqueo de caminos, las jefaturas de bancada de las tres fuerzas políticas y las autoridades de ambas cámaras legislativas suscribieron un acuerdo con tres puntos. El primero se cumplió pese a los augurios en contrario. El lunes 5 fue aprobada en Diputados la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Al día siguiente se sancionó en el Senado y, horas después, fue promulgada por el Ejecutivo. Se asumió así una solución de compromiso que fue cumplida.
El problema surgió a la hora de tratar los siguientes dos puntos del acuerdo. ¿Primero aprobación de créditos y luego tratamiento de los proyectos de ley para el cese de magistrados y suspensión de plazos procesales? ¿O primero cese de los autoprorrogados y después consideración de los siete proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica? Hay una cuestión de confianza (se habla de “maniobras” y de “chantaje”). Pero también de maximalismo político para imponer un punto de vista.
Según el mencionado acuerdo, los dos proyectos de ley relacionados con el cese de magistrados deben tratarse por tiempo y materia en Diputados luego de la ya aprobada ley de convocatoria a las elecciones judiciales y la aprobación de al menos cuatro de las siete leyes sobre contratos de préstamo para diferentes proyectos y obras. Quedarían pendientes las otras tres leyes de la agenda económica. Ello debió expresarse de manera inequívoca en el orden del día de la sesión. Y no fue así, generando conflicto.
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Es evidente que voceros de uno y otro lado están bloqueando el cumplimiento del acuerdo. Ahí están actores de la oposición que rechazan por anticipado la aprobación de los créditos y actores del Gobierno que desahucian el cese de magistrados. Ambos se acusan de la “ruptura” del acuerdo político. El resultado fue una fallida sesión en Diputados y el triste espectáculo de horas inútiles de discursos sin resultado. La sesión fue suspendida y postergada sin fecha. Como si no hubiera urgencias y riesgo de enfrentamiento.
¿Qué sigue? ¿El Gobierno aceptará el cese de los autoprorrogados a cambio de la aprobación de créditos? ¿La oposición condicionará todo, incluidas las elecciones judiciales, al cese de magistrados? Es innegable que cualquier solución requiere madurez y voluntad política. Y en este momento el oficialismo del presidente Arce está en minoría en la Asamblea. Hay pues la necesidad de pactar, sin imposiciones ni vetos, para fines de gobernabilidad en un contexto difícil para la política y la economía.
