La reciente decisión de una sala constitucional en torno al “congreso del MAS-IPSP” convocado por dirigentes de la facción arcista constituye una tosca injerencia en las competencias del TSE. Y cruza un límite que pone en riesgo no solo la institucionalidad electoral, sino la propia democracia. Es fundamental ponerle freno antes de que conduzca a una deriva autoritaria.
Una de las condiciones fundamentales de un Estado de Derecho es la autonomía e independencia de los órganos del poder público, además de su separación. Cuando uno o más órganos se subordinan a otro o surge una especie de suprapoder, esa estructura y organización funcional del Estado se resquebraja. Asimismo, cuando el sistema de gobierno empieza a depender de decisiones arbitrarias e inconstitucionales, la democracia está en riesgo. Estamos transitando ese muy peligroso umbral en el país.
En nuestro proceso de construcción y reforma estatal, no es nuevo que el Legislativo dependa de los mandatos del Ejecutivo. Tampoco es raro que la administración de justicia esté subordinada al poder político y a poderes fácticos. Lo crítico es que surja un suprapoder que imponga sucesivos fallos por fuera del marco constitucional y pisoteando la institucionalidad democrática. Desde el año pasado hay un suprapoder en Bolivia que, en consorcio con actores políticos, opera desde el TCP y algunas salas constitucionales.
A punta de sentencias, declaraciones y autos constitucionales, y algunas acciones de defensa, un arriesgado suprapoder está llevando a límites insostenibles el funcionamiento de los órganos del poder público y del sistema de gobierno. Así, bloquearon las elecciones judiciales, suspendieron las funciones de fiscalización de la ALP, se autoprorrogaron, beneficiaron a terratenientes y ahora están emitiendo “instrucciones” sobre las organizaciones políticas y los procesos electorales. Es inaceptable.
Es muy complicado y sensible para el TSE gestionar las disputas internas en los partidos, en especial en este momento la batalla entre facciones en el MAS-IPSP. Debe hacerlo en estricto cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas y de los estatutos partidarios. ¿Qué ocurre cuando una sala constitucional, desde su filiación política, impone acciones que violan la normativa y vulneran las atribuciones del organismo electoral? Eso es lo que acaban de hacer, sin sonrojarse, los vocales Campero y Angles.
En un pronunciamiento difundido este viernes, las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional exigen con timidez el respeto a la independencia de poderes para garantizar la democracia en el país. No es una exigencia menor. En realidad, se está advirtiendo que, si magistrados y jueces continúan perforando el sistema y la institucionalidad electoral, la democracia boliviana está en riesgo. Es fundamental que la disputa política no termine derrumbando el orden constitucional y el régimen democrático.
