Desde principios del año pasado, afrontamos en el país un escenario de crisis políticoinstitucional, agitado en especial por la disputa interna en el MAS-IPSP. A ello se añade la percepción creciente de que se aproxima una crisis económica. Y una reciente encuesta nacional muestra la opinión mayoritaria de riesgo de crisis social. Hay, pues, sensación de crisis.
La crisis en el campo político y en las instituciones es innegable. La ruidosa división de la fuerza política que gobernó Bolivia durante las últimas dos décadas, la persistente polarización y la debilidad con fragmentación del bloque opositor configuran un escenario de bloqueo institucional y de alta desconfianza. Ello se expresa en la clausura de espacios de diálogo plural y, peor aún, de construcción de acuerdos. Por si fuera poco, ahora estamos en las puertas de un conflicto de poderes.
En cuanto a la economía, a reserva del debate sobre las causas, las condiciones y la profundidad de los evidentes desequilibrios, se va instalando en la ciudadanía la percepción de que estamos avanzando hacia una crisis económica o ya estamos en ella. La escasez de dólares, las dificultades para la subvención de combustibles y el alza de precios, entre otros factores, impactan en la economía de las familias. Y ello se manifiesta en sus expectativas. No son buenos tiempos para el modelo económico.
Si bien, desde el fallido paro de 36 días en Santa Cruz por la fecha del Censo, no existe gran conflictividad social en el país, hay quienes temen que la incertidumbre y el creciente fastidio ciudadano, atizados por la política y, en especial, por el día a día de la economía, pueden conducir a situaciones de crisis social. Un reciente estudio de opinión pública muestra que el 55% de las personas consultadas cree que “estamos ingresando a una grave crisis social”. Es una alerta delicada.
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La sensación de crisis, en este caso de naturaleza múltiple, no necesariamente equivale a la situación de crisis. Pero no es menor el hecho de que una parte significativa de la población perciba un presente crítico con futuro incierto, asentado en la confluencia de variables político-institucionales, económicas y sociales. Por ello, el buen gobierno y la eficaz acción política deben asumir como necesidad la gestión oportuna y cierta de los sentires ciudadanos. Las percepciones y las expectativas cuentan.
Ahora bien, ¿qué hacer para que la creciente sensación de crisis no derive en una coyuntura crítica, dadas no solo las percepciones, sino innegables señales de realidad, en especial en la economía? ¿Es posible, todavía, evitar un escenario de crisis de gobernabilidad, con resultado también incierto considerando la fragilidad del sistema político y de las instituciones? Siempre cabe la posibilidad, y la esperanza, de que las cosas mejoren y se reencaminen como país. El gobierno de Luis Arce tiene la palabra.
