La asonada golpista del pasado miércoles, que opositores y sus operadores mediáticos calificaron pronto de “autogolpe”, dejó como saldo no solo excomandantes presos, dudas, un surtido de memes y renovada polarización, sino algo más esencial: las y los bolivianos cerramos filas, sin titubeos, en defensa de la democracia. Nos acompañó también la comunidad internacional.
Más allá de que, en pocas horas, el debate sobre la fallida acción militar en Palacio de Gobierno se haya degradado y polarizado (golpe versus autogolpe), es fundamental destacar la pronta y unánime reacción inicial de los actores políticos, sociales e institucionales. Ni bien se conoció la presencia de militares y tanquetas en la plaza Murillo, a la cabeza del oscuro excomandante del Ejército, todo el arco de líderes políticos del país se pronunció con firmeza, a su estilo, en defensa de la democracia.
Fue inmediata e inequívoca asimismo la respuesta de las organizaciones sindicales y movimientos sociales, convocando a huelga general indefinida, bloqueo de caminos y movilizaciones hacia la sede de gobierno para evitar y, en su caso, enfrentar una ruptura del orden constitucional. Se pronunciaron también, en defensa de la estabilidad democrática, la Conferencia Episcopal, entidades empresariales y varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Los silencios fueron marginales.
Por otra parte, cabe destacar las oportunas expresiones de mandatarios de la región y Europa, así como de líderes de organismos internacionales, que condenaron el intento de golpe de Estado y expresaron su respaldo y solidaridad al gobierno democráticamente electo y al pueblo boliviano. Algunos fueron más lentos y mezquinos, como el gobierno de Milei, pero igual terminaron pronunciándose. Esta vez, a diferencia de la ruptura constitucional de 2019, la defensa de la democracia boliviana fue clara y fuerte.
Así pues, la asonada golpista del desequilibrado excomandante Zúñiga y los suyos, hoy presos y en proceso de enjuiciamiento penal, dejó en limpio el respaldo unánime al régimen democrático como valor en sí mismo. Y eso hay que realzarlo y celebrarlo. Claro que, en este sombrío caso —sobre el cual pesan sospechas e interrogantes—, si bien la defensa de la democracia pasa por la defensa del gobierno legítimo, haría mal el presidente Arce en creer que necesariamente supone un apoyo a su gestión.
A reserva de la investigación sobre el alcance y responsables del acto de insubordinación militar, es lamentable que la defensa de la democracia no haya servido como un momento de oportunidad para la construcción de acuerdos sobre temas de preocupación colectiva. En su lugar, hoy tenemos un inútil e irresoluble debate político. Como sea, ojalá al menos quede en agenda la impostergable necesidad de reestructurar la fuerza pública para evitar nuevas aventuras, motines y asonadas antidemocráticas.
