Con algún debate y condiciones, la reunión multipartidaria e interinstitucional convocada por el TSE acordó suspender las elecciones primarias para binomios presidenciales. El proyecto de ley para el efecto ya está en la ALP. La prioridad para este año son las judiciales, nuevamente paralizadas. Y el compromiso esencial es garantizar las elecciones generales de 2025.
Como era previsible, las diferentes fuerzas políticas que aspiran a competir en los próximos comicios aceptaron la propuesta de omitir las primarias de forma excepcional, como se hizo en 2020. Así ganan tiempo para la definición de sus candidaturas y alianzas. La idea opositora de primarias abiertas quedó atrás. Incluso el jefe del MAS-IPSP está de acuerdo si el TSE asegura su candidatura. Se impone pues la visión instrumental de un mecanismo pensado para la democratización interna de los partidos.
No realizar primarias en las próximas elecciones es el resultado más concreto del encuentro entre actores políticos e institucionales del pasado miércoles (en el que, por mano del TSE, se metieron de contrabando dirigentes de organizaciones sociales). En principio, las primarias no son esenciales, peor si no se garantiza que sean competitivas. Más bien, en el actual contexto, resultan problemáticas y hasta inviables. En consecuencia, las cúpulas de los partidos y alianzas decidirán sus candidaturas.
Lo que sigue en torno a las primarias puede ser simple o conflictivo. Dependerá de la voluntad política, y la correlación de fuerzas, de las bancadas en las cámaras legislativas. No parece inviable que la unión de arcistas y opositores asegure la mayoría absoluta necesaria para aprobar la ley enviada por el TSE. Habrá que ver la posición de los evistas, en especial en el Senado. Debe considerarse también el factor tiempo: la norma excepcional tiene que sancionarse como máximo la segunda semana de agosto.
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Asumiendo la suspensión de las primarias, la agenda electoral se concentrará estos meses en las elecciones judiciales, obstaculizadas y bloqueadas desde el año pasado por operadores políticos y judiciales. No habrá primarias para asegurar las judiciales. Está bien. Cuidado que tampoco se vote para renovar a las autoridades de los altos tribunales, hoy autoprorrogadas en su mandato. Por otro lado, está en mesa para fines de 2024 la sensible redistribución de escaños con arreglo a los datos del Censo.
En cuanto a las elecciones generales de agosto de 2025, la “cumbre” del TSE abordó la necesidad de garantizar la confiabilidad del padrón electoral (no habrá nuevo padrón). Debe implementarse también un sistema de resultados electorales preliminares. Hay otras declaraciones sobre el transfugio, los derechos indígenas y la inaceptable persistencia de hechos de acoso y violencia política contra las mujeres. Y está la cuestión esencial: ningún órgano del Estado puede vulnerar las atribuciones del TSE.
