Superando varios obstáculos y con más de un año de retraso, finalmente las elecciones judiciales tienen fecha. Pese a los augurios de fracaso, la Asamblea Legislativa aprobó por dos tercios las listas de postulantes. Y el TSE tomó competencia para organizar la votación popular. Será el 1° de diciembre. Es una buena noticia para la institucionalidad y la democracia.
Por mandato constitucional, las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura son electas por la ciudadanía. Previamente, con arreglo a una convocatoria pública, la ALP selecciona a las y los postulantes que cumplan requisitos, no tengan impugnaciones, certifiquen méritos y pasen una prueba de conocimientos. Como sucedió en los comicios anteriores, es un proceso con problemas de legitimidad.
Los principales cuestionamientos a las elecciones judiciales son que se contaminan de inicio por la politización de la preselección de postulantes en la ALP (“son afines al Gobierno”), se vota en las urnas con muy escaso conocimiento sobre los candidatos y sus méritos y, en especial, no contribuyen a resolver la crisis estructural del sistema de administración de justicia en el país. Así, en la votación popular de 2011 y 2017, primaron los votos nulos como una forma de cuestionar el mecanismo.
Pese a la complejidad de estas elecciones y la experiencia fallida de su realización, se trata de un avance de ampliación democrática contemplado en la Constitución. En el pasado, las altas autoridades judiciales eran electas directamente en el Parlamento, como resultado del cuoteo partidario. Ahora, la ciudadanía tiene el derecho de votar por estas autoridades, aunque en rigor la elección viene condicionada por el polémico filtro de la Asamblea. Así ha ocurrido también en este nuevo proceso.
El 1° de diciembre las y los bolivianos estamos convocados a las urnas en la tercera elección de este tipo en nuestra historia. Tendremos que elegir 52 autoridades (26 titulares y 26 suplentes) entre los 139 postulantes seleccionados. Los comicios debieron realizarse en 2023, pero la acción combinada de operadores políticos y judiciales se ocupó de bloquearlos en la Asamblea. El resultado fue la autoprórroga de las autoridades electas en 2017, que cumplieron su mandato en diciembre del año pasado.
¿Por qué son importantes y sobre todo necesarias estas elecciones pese a que las listas aprobadas tienen problemas de paridad de género, número mínimo de postulantes, inclusión indígena y hasta selección de postulantes aplazados? Primero porque se cumple la Constitución contra quienes apostaron por obstruir estos comicios hasta el año 2026. Y lo más relevante, porque con nuevas autoridades electas en diciembre se podrá reemplazar a los magistrados autoprorrogados y sus sentencias a la carta. No es poco.
