La reciente presentación de los primeros resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 aún está fresca en la memoria colectiva. Los impactos políticos, como la distribución de escaños, y los regionales, como la asignación de recursos, se encuentran en una etapa de negación y rechazo por parte de algunos sectores que expresan su desconfianza hacia el proceso censal.
Más allá de los cuestionamientos, es fundamental que las diferentes instancias de la sociedad y el Estado se preparen para utilizar la información que resulte del censo. Solo así podremos generar explicaciones concretas de las problemáticas sociales, comprender sus componentes estructurales y, fundamentalmente, construir de manera democrática y colectiva propuestas de solución. Esto implica fortalecer las acciones de demanda social y el diseño de políticas públicas que sacudan las raíces de las desigualdades y exclusiones persistentes.
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Los censos demográficos nos permiten obtener una fotografía detallada de la población en un momento específico, sin embargo, esta información estadística requiere un proceso complementario para desentrañar la economía política del dato demográfico. Es decir, es necesario identificar las relaciones sociales y económicas que se encuentran en la base de las diferentes formas en que la desigualdad, la exclusión y las disparidades en las condiciones de vida y de trabajo persisten en la sociedad.
La economía política permite analizar cómo las estructuras de poder y las relaciones económicas influyen en la producción y distribución de recursos y oportunidades. En el contexto boliviano, históricamente marcado por desigualdades socioeconómicas y exclusiones socioculturales, el censo ofrece una oportunidad para visibilizar y cuestionar estas dinámicas. Lo más importante en este caso, es que sus resultados reflejen con precisión técnica y certidumbre la realidad boliviana.
La educación, un derecho humano fundamental, es un campo donde estas desigualdades se hacen evidentes. Asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad requiere más que planificación basada en datos, exige una comprensión crítica de las barreras estructurales que impiden dicho acceso, además de una voluntad y decisión política, expresada en políticas educativas que respondan a los problemas concretos y no a los cálculos coyunturales. Un ejemplo histórico necesario de valorar es la Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.
Además, identificar a las poblaciones más vulnerables, como comunidades indígenas, personas con discapacidades y aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema, permite cuestionar las relaciones de poder que han llevado a su marginalización. Diseñar políticas inclusivas implica desafiar las estructuras existentes y promover cambios profundos en las formas de tradición colonial.
La integración de las regiones y el respeto a la diversidad no deben ser solo objetivos declarativos, sino prácticas concretas que reconozcan y valoren las identidades y necesidades locales. Los censos pueden evidenciar cómo las políticas centralizadas han ignorado históricamente a ciertas regiones, perpetuando desigualdades. La economía política nos permite examinar quién se beneficia y quién pierde con las decisiones políticas y económicas, y cómo esto se refleja en la educación y la salud.
Finalmente, es necesario ir más allá de la mera lectura de datos y utilizar esta información para desafiar y transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad y la exclusión. Los esfuerzos deben centrarse en resolver los problemas presentes, pero fundamentalmente en construir futuro con justicia social, equidad y respeto de la diversidad.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
